Buscan gravar herencias, aumentar impuesto al refresco y establecer progresividad fiscal
Para el periodo de sesiones que inició el pasado 1 de septiembre, la fracción parlamentaria de MORENA se propone discutir gravar las herencias, aumentar el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal.
Es poca la información que en este momento existe sobre estos temas. En cuanto al gravamen a las herencias se sabe que implica una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer el impuesto, pero hasta el momento se desconoce tasa y procedimiento.
La idea ya se ha planteado en otras ocasiones como un mecanismo para disminuir la brecha de la desigualdad. En 2018 se presentó una iniciativa por parte de Movimiento Ciudadano para gravar las donaciones y las herencias.
Tradicionalmente en México desde los años ochenta, ha existido una exención total o parcial de los ingresos que obtengan por transmisiones gratuitas, es decir, donaciones y herencias.
No se aplica por la dificultad de su administración y recaudación. En ocasiones los ingresos y niveles socio-económicos de las personas que participan en la transmisión bienes son distintos, lo que genera una distorsión importante, a pesar de la parte exenta que se señale.
Estos ingresos en la mayoría de los casos son percibidos por viudo o viuda e hijos del autor de la sucesión o donación, por lo que no implican una real mejoría económica, e incluso los costos de la adjudicación de los bienes son motivo de que estos no se regularicen: el impuesto sería un quebranto a esas economías.
Asimismo, este tipo de percepciones es esporádica y si no prevé la forma de prorratear estos ingresos se distorsionaría la progresividad del impuesto.
En cuanto a las reformas en materia de progresividad, que significa aumentar las tasas a empresas o personas físicas de mayores ingresos, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, dijo que era inevitable que se discutiera, vista la severidad de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.
“A pesar de que el presidente de la República hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva”, advirtió.
“La política fiscal progresiva es que tengan que pagar más los que más tienen, capital, ingresos, y no es nuevo ni tampoco es comunismo, porque en todo el mundo se está aplicando”, dijo.
A esto se suma la iniciativa presentada por Salomón Jara para aumentar en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1.20 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco.
“Es momento de realizar un ajuste sustancial e incrementar significativamente el impuesto a bebidas saborizadas y alimentos no básicos de alta densidad calórica.
“Al incrementar el impuesto de 1.20 pesos a 5 pesos por litro de refresco, de 8 a 25 por ciento, el gobierno podría tener recursos para aumentar la disponibilidad de agua potable, promover el consumo de bebidas y comida saludables, mejorar la atención a la salud y promover cambios en la agricultura e industria hacia comidas y bebidas saludables”, argumentó el legislador.
Sin embargo, hasta ahora no existe información clara sobre el destino real de los recursos recaudados por el IEPS.
De igual manera, sugirió modificar la fórmula para los alimentos no básicos, a fin de disminuir la densidad calórica exenta de IEPS, pasando de 275 kilocalorías a 200 calorías o más por cada 100 gramos.
También propuso incorporar de manera explícita el derecho a la alimentación y a la nutrición saludable al catálogo enunciativo de derechos de niñas, niños y adolescentes, establecido en el artículo 13 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa en el mismo sentido, pero fue retirada.
Debido a la creciente evidencia de que la obesidad puede incrementar el riesgo de una enfermedad grave con la infección del coronavirus, los estados de estados de Oaxaca y Tabasco han prohibido la venta de comida chatarra a menores. Nuevo León y la Ciudad de México también analizan legislar sobre el tema.
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