Detalle de la espalda de un vestido de novia

Iniciativa en el Senado para que se elimine la restricción de tiempo para que las mujeres contraigan un nuevo matrimonio

Las y los senadores revisarán una iniciativa para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal, que dispone que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio, sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo.

Si bien en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, se explica que las disposiciones del Código Civil Federal en materia común reservadas para las entidades federativas, como el estado civil de las personas, no tienen mayor eficacia ni aplicabilidad, las disposiciones que discriminan por razón de género (o cualquier otra), deben ser eliminadas para garantizar la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres en las leyes federales.

El artículo 158 que se busca derogar se inscribe en el Capítulo II sobre los requisitos para contraer matrimonio, pero encuentra su razón de ser en las reglas de filiación que se establecen en el mismo Código Civil Federal, especialmente en el artículo 324:

“Artículo 324.- Se presumen hijos de los cónyuges:

“I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio;

“II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga éste de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial.”

Así, la paternidad era presumida si el hijo nacía dentro de los mencionados 300 días, al tomar en cuenta que la gestación normal de un ser humano es de 270 días. Para que nazca vivo y viable, este tiempo no puede ser menor de 180 días ni mayor de 300 días, siendo estos plazos los que el legislador tomó en consideración para establecer la presunción de paternidad. Recordemos que cuando se redactaron estas reglas, no existía la tecnología actual para establecer la paternidad. El Código Civil Federal, que originalmente aplicaba también a los territorios federales y al Distrito Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1928.

La derogación de este artículo ha sido presentada como iniciativa por varios legisladores en varias legislaturas; la que hoy se analiza y presenta al Pleno del Senado es la de la senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional.

Como se mencionó, en términos prácticos derogar o no este artículo no tiene trascendencia, sin embargo, se crea un antecedente ajustando las disposiciones legales para tratar de lograr una igualdad entre las mujeres y los hombres.

De esta manera, en el Dictamen que se presenta se exponen los fundamentos legales de esta igualdad y no discriminación de la mujer.

El primer fundamento es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “(…) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

También dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga el objeto de menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo 4 de la Constitución establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que las leyes protegen la organización y el desarrollo de la familia.

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos protegen esta igualdad entre hombres y mujeres; protección dispuesta en detalle en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que en el artículo 1 dispone que:

"(… ) la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.”

El artículo 15 de la Convención confirma que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad jurídica, y el 16 dispone en específico lo siguiente:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

“a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

“b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento.”

Por su parte, el artículo 2 del Código Civil Federal establece que “la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles.”

A partir de estas protecciones, no nada más las y los legisladores tienen la obligación de establecer su actuación en función de la igualdad de género, sino también las y los juzgadores, quienes siempre deben dictar sus decisiones en función de la igualdad de género, un tema que no es tan sencillo como puede parecer a primera vista y para lo cual hay establecida una guía.

No he averiguado en cuántas legislaciones estatales se sigue estableciendo la prohibición de los trescientos días para que las mujeres contraigan matrimonio después de un divorcio o muerte del esposo, pero con todos estos fundamentos y con la tecnología existente para establecer la paternidad, ninguna la debería seguir contemplando.

Más información senado.gob.mx

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