La decisión del gobierno de Venezuela de denunciar en pacto de San José y abandonar la jurisdicción de la Convención Americana de los Derechos Humanos entró en vigor el día de ayer, 10 de septiembre.
El anuncio del retiro fue realizado en abril del año pasado por el entonces presidente Hugo Chávez, quien manifestó que el sistema de derechos humanos creado por el Pacto de San José, obedecía a intereses de los Estados Unidos.
La decisión que motivó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José, fue la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, de levantar la inhabilitación que se había impuesto al político opositor Leopoldo López.
Una vez vigente esta denuncia del tratado internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió un comunicado en que considera que este retiro va “en detrimento de la protección de los derechos de los habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección”.
En ese comunicado la Comisión fue clara, sin embargo, en que sigue teniendo competencia sobre los hechos ocurridos durante la vigencia de la Convención, esto es, antes del 10 de septiembre de 2013, fundamentado en el artículo 78.2 de la Convención Americana que dispone que la denuncia del tratado “no tendrá el efecto de desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efectos”.
Además se declara que la Comisión sigue siendo competente para conocer casos relacionados con Venezuela al seguir siendo este país miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya Carta establece en el artículo 53 que este organismo realiza sus fines por medio de varios órganos, entre ellos la CIDH por lo que puede seguir su mandato de promoción y supervisión de la situación de los derechos humanos y tramitando peticiones, casos y medidas cautelares.
Sobre este particular en el comunicado se declara que “la jurisprudencia y práctica del sistema interamericano ha reconocido que la Declaración Americana es fuente de obligaciones legales para los estados miembros de la OEA, incluidos, en particular, los que no son parte de la Convención Americana”.
La Convención Americana entró en vigor en 1978 y hasta la fecha 24 de los 35 estados miembros de la OEA lo han ratificado.
En 1999 fue denunciado por Trinidad y Tobago y en ese mismo año Perú, bajo el gobierno de Alberto Fujimori intentó retirar su reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo la Corte dictó una sentencia en la que resolvió inadmisible el pretendido retiro con efectos inmediatos puesto que la Convención establece la posibilidad de denunciarla pero no de retirar el reconocimiento de la competencia de la Corte.
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