El lunes de esta semana la Corte Suprema Popular y la Fiscalía Suprema Popular de China publicaron un documento conjunto que interpreta la responsabilidad penal por información compartida en línea, particularmente por sitios de micro-blogging como Sina Weibo, el equivalente chino a Twitter.
De acuerdo con este documento, el “tráfico de rumores” compartidos más de 500 veces o vistos más de 5,000 veces o que puedan dañar los intereses nacionales de China puede resultar en una sentencia de prisión de hasta tres años.
Este documento se ha emitido a raíz de cientos de detenciones que la policía realizó el mes pasado en el país por la propagación de rumores o por “crear problemas” tras escribir comentarios en línea.
La finalidad de este documento, de acuerdo con sus creadores, es brindar información sobre los supuestos en que se comete un delito.
La nueva información fue recibida con sarcasmo por diferentes periodistas y ha sido cuestionada por diversos abogados que sostienen que ni la Corte Suprema Popular ni la Fiscalía tienen facultad para emitir estos criterios.
De acuerdo con el abogado de la ciudad de Zhejiang, Wang Chen, el decreto del Congreso Popular de 1981 por el cual los órganos judiciales podían emitir este tipo de criterios, fue abrogado por la Constitución de 1982 y, por tanto, los órganos judiciales carecen de facultades para emitirlos.
Además, se ha señalado que en materia penal se tiene que probar que hubo intención por lo que al momento de condenar se tiene que haber probado que el culpable propagó rumores con conocimiento de causa, por lo tanto, y pese a la existencia de este documento, los órganos judiciales todavía deben probar que la información se propagó deliberadamente.
Hay quienes han visto este documento desde un punto de vista más positivo y que señalan que por lo menos se permite la libre expresión, hasta cierto punto.
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