La corte de apelaciones de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya resolvió imponer pena de cadena perpetua a Kaing Guek Eav, alias Duch, quien operó en la prisión de Tuol Sleng, donde se calcula que fueron interrogadas y torturadas más de 12.000 personas, durante la época del Jemer Rojo.

 

Duch fue sentenciado en primera instancia a 35 años de prisión, pero la fiscalía apeló en agosto del año pasado esa sentencia por considerar que era muy blanda.

 

El tribunal que sentenció en primera instancia consideró como atenuantes el hecho de que Duch había sido el primer detenido en declararse culpable, en mostrar limitados signos de arrepentimiento y en su potencial de rehabilitación, atenuantes que no fueron consideradas por el tribunal de apelación.

 

De esta manera, fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad, asesinato, esclavitud, encarcelamiento, tortura, violación, persecución política y otros actos inhumanos.

 

El juicio fue presidido por el juez camboyano Kong Srim, quien afirmó que los crímenes cometidos por el imputado se encuentran entre los peores de la historia y merecen la pena más dura que exista.

 

El Jemer Rojo, conocido en francés como Khemer Rouge, fue la organización guerrillera que tomó el poder en Camboya en abril de 1975 tras la Guerra de Vietnam y fundó un régimen totalitario con inspiración maoísta, conocido como Kampuchea Democrática, durante el cual se calcula que fallecieron 3 millones de personas en lo que se conoce como el genocidio camboyano.

 

Para juzgar esta parte de la historia, el gobierno de Camboya solicitó asistencia a la ONU para establecer tribunales especiales para estos delitos y en el 2003, tras llegar a un acuerdo con la ONU en el que se definía la participación internacional, se crearon en ese país las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya para Perseguir los Crímenes Cometidos Durante el Período de la Kampuchea Democrática.

 

El funcionamiento de estas Salas Especiales entró en crisis después de que uno de los co-jueces investigadores denunciara la injerencia del gobierno en los asuntos judiciales y por ello renunciara al cargo y después de que el mismo gobierno se negara a nombrar como sustituto a Laurent Kasper-Ansermet, como correspondía según el tratado firmado con la ONU, a finales de enero.

 

 

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