La tensión de las últimas semanas entre los poderes judicial y el ejecutivo en Pakistán llegaron a un punto álgido esta semana cuando la Corte Suprema anunció al primer ministro Yousaf Raza Giliani que iniciará un procedimiento de desacato en su contra.
Dicho procedimiento iniciará el 13 de febrero de este año y en él se juzgará la negativa del primer ministro de iniciar las investigaciones por una acusación de corrupción en contra del presidente Asif Ali Zardari, viudo de Benazir Bhutto.
El presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Muhammad Chaudhry, ha insistido en que se suspenda una amnistía que ha bloqueado la investigación de un posible caso de corrupción del presidente Zardari en Suiza en la década de los años 90 y ha sido hasta ahora que ha empezado a tomar acción en este asunto iniciando este procedimiento de desacato en contra del primer ministro.
El ministro Chaudhry se ha convertido en líder moral para abogados y ciudadanos que pretenden justicia en Pakistán. El fue removido de su cargo en el 2007 por el anterior presidente, Pervez Musharraf, y reinstalado en 2009 por el actual presidente Zardari gracias a presiones políticas y sociales que se desencadenaron tras manifestaciones de abogados y funcionarios judiciales en contra del gobierno.
Así, Chaudhry desde su posición en la Suprema Corte ha tomado el liderazgo en varios asuntos que tradicionalmente correspondían al ejecutivo, como la fijación del precio del azúcar, los derechos de los transexuales y hasta la dirección del tránsito en la ciudad costera de Karachi.
El proceso contra el primer ministro se suma a otro proceso en curso conocido como el Memogate y que involucra a altos funcionarios pakistaníes y al que fuera embajador de ese país en los Estados Unidos. En este proceso se acusa de traición a estos funcionarios por un supuesto memorándum dirigido al gobierno de los Estados Unidos para iniciar un golpe de estado en Pakistán tras la humillación sufrida por el ejército de ese país después de la operación del ejército estadounidense en que resultó muerto Osama Bin Laden.
De ser encontrado culpable de desacato el primer ministro, podría enfrentar una pena de hasta seis meses de prisión así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Más información The New York Times
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