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Juez concluye que la Propuesta 22 que deja fuera de ciertas prestaciones a choferes de empresas como Uber es inconstitucional

El viernes 20 de agosto, el juez Frank Roesch de un tribunal del estado de California, Estados Unidos, concluyó que la Propuesta 22, aprobada el año pasado en referéndum, es inconstitucional e inejecutable. Se trata de la propuesta a la que empresas como Uber y Lyft financiaron con millones de dólares para que los conductores no sean considerados empleados.

Este es otro episodio de un largo enfrentamiento entre estas dos empresas de transporte y la de servicio de entregas DoorDash, entre otras, con las autoridades del estado para impedir que sus trabajadores se consideren empleados y, aunque les reconocen algunas prestaciones que no corresponden a los trabajadores independientes, se les niegan otras que tienen los demás trabajadores en el estado, creando una tercera categoría de prestadores de servicios.

Desde 2015 la Comisión Laboral de California determinó que un conductor Uber debe ser clasificado como un empleado y no un trabajador independiente y 2018 la Suprema Corte del Estado, aplicando una prueba para determinar quiénes son empleados, expandió significativamente el número de trabajadores que deben ser considerados empleados y no autónomos.

Aprovechando el fallo judicial, en 2019 el Congreso local aprobó una ley, identificada como Assembly Bill 5 en la que se limitó el número de patrones que pueden ser considerados como contratistas independientes, lo que significa que quienes prestan sus servicios deben ser considerados empleados. Esta ley incluye a los choferes de Uber, Lyft y demás aplicaciones de este tipo.

Pese a la existencia de esta ley, Uber y Lyft se negaron a emplear a los choferes lo que dio inicio a acciones judiciales y en octubre de 2020 la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de California mantuvo la decisión de que choferes de empresas como Uber y Lyft deben ser considerados empleados y, como tal, concedérseles todos los beneficios laborales.

Mientras este proceso judicial se desarrollaba, Uber, Lyft y DoorDash financiaron una campaña para que los electores de California aprobaran la Propuesta 22 que excluyera de la ley de California a los trabajadores de lo que se conoce como economía gig en la que se incluyen los de estas empresas de tecnología. Se trata de la propuesta que más dinero ha recibido en la historia del estado, más de 200 millones de dólares, lo que puso en tela de juicio el sistema democrático de los referéndums.

Aprobada la Propuesta, algunos conductores y el sindicato Service Employees International Union presentaron una demanda con el argumento de que, al limitar la facultad de la legislatura del estado de regular los derechos de los trabajadores de asociación y compensación, los términos de la Propuesta 22 son inconstitucionales.

El juez Roesch estuvo de acuerdo y escribió en su decisión que, por imponer límites a la legislatura o Congreso, “la Propuesta 22 es completamente inejecutable”.

El juez tomó en consideración también que la Propuesta 22 contiene disposiciones que hacen prácticamente imposible que sea modificada, exigiendo la aprobación de reformas por una mayoría prácticamente inalcanzable de siete octavas partes de los legisladores.

“Creo que el juez tomó una sólida decisión al haber encontrado que la Propuesta 22 es inconstitucional debido a que tenía algunas disposiciones inusuales”, declaró Veena Dubal, profesora de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California y quien presentó un escrito a favor de los conductores. “Estaba redactada de manera tan exhaustiva para evitar que los trabajadores tengan acceso a cualquier derecho que decida la legislatura”.

Frente a esta postura que tiende hacia la teoría de las facultades del estado, los impulsores de la propuesta, es decir, las empresas, ponderan que está por encima de esas facultades la voluntad de los electores.

Se trata de un tema interesante porque si se considera que la voluntad del electorado debe prevalecer, importantes decisiones que protegen derechos de los electores empezarían a poder ser limitados según los intereses económicos de quien esté detrás de la propuesta y eso no cabe en la definición de democracia, al menos como la entendemos actualmente.

Más información nytimes.com

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