Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 

TJUE sostiene legalidad de multas a propietarios en París que no pidieron autorización para listar propiedades para rentas cortas

En sentencia del 22 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la imposición de multas a dos propietarios de departamentos en París que rentaron sus viviendas amuebladas en Airbnb o una plataforma semejante, sin autorización del municipio, es legal y conforme con el derecho de la Unión.

Por la proliferación de sitios como Airbnb que han supuesto un grave descontrol en el valor de las propiedades y el mercado de alquileres a largo plazo, el Código de la Construcción y de la Vivienda de Francia establece que en los ayuntamientos de más de 200 000 habitantes y en los de tres departamentos limítrofes con París, las rentas de vivienda reiterada y por estancias cortas están sometidas a autorización previa. Estas autorizaciones son concedidas por cada ayuntamiento tomando en consideración las circunstancias particulares de cada localidad.

Por infringir la disposición que exige la autorización previa para rentar las propiedades amuebladas por cortos periodos de tiempo, los dos propietarios fueron multados. Ellos recurrieron las multas, pero tanto el Tribunal de Grande Instance de Paris, Tribunal de Primera Instancia, y posteriormente, la Cour d’appel de Paris, corte de apelaciones, confirmaron las multas y ordenaron que el uso de estas viviendas dejara de ser de renta de corto plazo y reiterada.

La petición al tribunal europeo fue realizada por la corte de apelaciones respecto de si la legislación nacional en materia de vivienda es conforme a la legislación europea.

Sobre este particular, el Tribunal de Justicia concluyó que la exigencia de una autorización previa previo para rentar las propiedades amuebladas de forma continua y por cortos periodos a quienes no van a establecer ahí su domicilio permanente, es conforme con la Directiva 2006/123 y que esta exigencia está justificada por una razón imperiosa de interés general y su objetivo no es alcanzable mediante una medida menos restrictiva, conforme con el criterio de proporcionalidad. La razón imperiosa es la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración, con el objetivo de dar respuesta al deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y al aumento de las tensiones en los mercados inmobiliarios.

Respecto de otro medio para alcanzar el mismo objetivo, el Tribunal reconoce que imponer sanciones a posteriori no lograría frenar inmediatamente y con eficacia el deterioro del mercado de alquiler de viviendas a largo plazo.

Los esfuerzos de Francia, particularmente de París, para tratar de frenar estas rentas de viviendas amuebladas a corto plazo, parecen dar resultado cuando se dirigen directamente a los propietarios y no a los sitios o plataformas que listan las propiedades como Airbnb.

En este sentido, en 2017 la ciudad de París emitió una reglamentación dirigida a estas plataformas exigiendo que verificaran el registro de las propiedades ante las autoridades por sus propietarios y que exhibieran en el anuncio el número de registro, prohibiendo, además, que una propiedad sea rentada más de 120 días al año. Pese a la normativa, Airbnb incumplió la regla y por ello fue demandada en 2019 por el ayuntamiento parisino.

Esta plataforma también fue demandada por la Asociación para la defensa del alojamiento y el turismo profesionales de Francia alegando que Airbnb no contaba con una licencia de agente inmobiliario como lo exige la ley francesa vigente, pero a esta demanda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió que Airbnb presta un “servicio de la sociedad de la información” y no está obligada a obtener la mencionada licencia.

A los propietarios infractores no les ha quedado más que pagar las multas y sacar definitivamente sus departamentos de estas plataformas de rentas a corto plazo.

Más información curia.europa.eu

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