Teléfono con aplicación de Airbnb

 

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, concluyó este jueves que Airbnb presta un “servicio de la sociedad de la información” y, por tanto, no requiere de una licencia de agente inmobiliario como lo exige la ley francesa vigente.

El asunto fue presentado en Francia por la Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP; Asociación para la defensa del alojamiento y el turismo profesionales) en contra de la empresa Airbnb Ireland por el incumplimiento de la a Ley Hoguet, aplicable en Francia a las actividades de los profesionales del sector inmobiliario, alegando que Airbnb no solo es una plataforma que pone en contacto a dos personas, sino que ejerce funciones de agente inmobiliario.

Airbnb, que en Europa presta sus servicios como Airbnb Ireland, es definida por el Tribunal como “una sociedad irlandesa que administra una plataforma electrónica que, a cambio del pago de una comisión, permite que, en Francia entre otros países, arrendadores profesionales y particulares que ofrecen prestaciones de alojamiento de corta duración se pongan en contacto con personas que buscan este tipo de alojamiento.

“Además, Airbnb Ireland ofrece a dichos arrendadores prestaciones accesorias, como una plantilla en la que se define el contenido de su oferta, un seguro de responsabilidad civil, una herramienta de estimación del precio de su arrendamiento o servicios de pago relativos a estas prestaciones.”

En su decisión, el TJUE concluyó que Airbnb cumple con los requisitos de la Directiva 2015/1535 para ser clasificada como servicio de la sociedad de la información, siéndole aplicable la Directiva 2000/31. Lo anterior porque Airbnb es esencialmente un instrumento de presentación y de búsqueda de alojamientos que facilita la conclusión de futuros contratos de arrendamiento, por lo que no puede considerarse como accesorio de un servicio global de alojamiento. Además, señala, no es en modo alguno indispensable para realizar prestaciones de alojamiento porque existen otros medios para que las partes se pongan en contacto y tampoco ejerce una influencia decisiva sobre los servicios de alojamiento a los que se vincula su actividad, ni por lo que se refiere a la determinación de los precios que se solicitan por los alojamientos ni por la selección de los arrendadores o de los alojamientos ofrecidos en su plataforma. En esta última característica difiere de Uber, el que no fue calificado por el TJUE como servicio de la sociedad de la información porque fija las tarifas a los usuarios y asigna cada pasajero a los conductores.

Francia, en particular la alcaldía de París, ha intentado por varios medios regular el servicio que Airbnb y otras plataformas semejantes prestan porque han encarecido mucho la propiedad provocando un fenómeno social conocido como gentrificación

En febrero de este año la ciudad de París presentó una demanda en contra de Airbnb por incumplimiento del reglamento de 2017 que regula la renta de casas y departamentos por cortos períodos. Este reglamento exige el registro de las propiedades ante las autoridades por sus propietarios, antes de ser anunciadas en la plataforma, exhibiendo en el anuncio el número de registro, y prohíbe que una propiedad sea rentada más de 120 días al año. Esta demanda es diferente a la que presentó la AHTOP y sobre la cual se ha pronunciado el TJUE.

Esta decisión es una buena noticia para Airbnb porque aunque no resuelve el litigio en Francia, sienta las bases para su resolución y significa que puede seguir prestando su servicio en Francia y en otros países europeos.

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