En la primera sentencia de su tipo emitida por la Corte Penal Internacional, CPI, se impuso una pena de un año de prisión y una multa de US$325,000 al ex vicepresidente de la República del Congo, Jean-Pierre Bemba, quien ya cumple una sentencia de 18 años por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Jean-Pierre Bemba, quien trabajó con el ex líder congolés Mobutu Sese Seko en la década de los 90, fue acusado de haber utilizado a las milicias de su país para aterrorizar a la población civil, utilizando la violación como principal medio de coerción. Una vez que obtuvo la vicepresidencia de su país, abandonó la milicia, pero terminó huyendo en 2007 cuando perdió las elecciones presidenciales.
En octubre de 2016, la Corte lo encontró culpable de haber cometido varios delitos en contra de la administración de justicia, entre ellos, los falsos testimonios de por lo menos 14 testigos, presentados durante su proceso.
“La Sala le impone doce meses adicionales, un año de prisión”, dijo a Bemba el presidente del tribunal, el juez Bertram Schmitt. Además, se le impuso una “sustancial multa”, necesaria para “desalentar este tipo de comportamiento”.
La sentencia correrá en paralelo a las que actualmente cumple el ex vicepresidente de la República del Congo, lo que significa que no pasará más de 18 años en prisión, pena máxima establecida en el Estatuto de Roma.
La fiscalía había pedido para Bemba y los otros cuatro acusados de sobornar testigos, sanciones más altas, pero esta petición fue ignorada por los magistrados.
Así, el abogado Aime Kilolo fue sentenciado por “abuso de confianza” y “abuso del privilegio cliente-abogado” a dos años seis meses de prisión en una sentencia suspendida por tres años, además de la imposición de una multa de US$325,000. Su sanción fue la más alta que se impuso a los colaboradores de Jean-Pierre Bemba Gombo.
Jean-Jacques Mangenda, abogado coordinador del caso, fue sentenciado a dos años de prisión, también suspendida durante tres años, mientras que a Narcisse Arido, testigo de la defensa, se le impusieron 11 meses de prisión y seis meses a Fidele Babala, legislador congolés.
Con la sentencia concluye en la CPI el primer proceso por delitos en contra de la administración de la justicia, aunque en realidad, ninguno de los coacusados pisará la cárcel y a Jean-Pierre Bemba la sanción solo le implica desembolsar dinero, pero no más tiempo efectivo en prisión.
Al dictar el veredicto de culpabilidad en octubre de 2016, el juez Bertram Schmitt dijo que “ningún sistema legal en el mundo puede aceptar el soborno de testigos, la inducción a testigos para que mientan o el asesoramiento de testigos”.
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