Esta semana ha dado inicio en Francia el proceso judicial en contra del banco suizo UBS por el ejercicio de prácticas bancarias ilegales tendientes a la creación de esquemas para evadir impuestos.
Además de la subsidiaria francesa de UBS que ha sido acusada de complicidad, cinco altos ejecutivos de UBS serán procesados, incluyendo a Raoul Weil, expresidente ejecutivo del banco, quien fue procesado en 2013 en los Estados Unidos, pero absuelto por un jurado en noviembre de 2014. Patrick de Fayet, otro alto ejecutivo del banco, está siendo procesado por separado tras haberse declarado culpable.
Conforme a las investigaciones que iniciaron gracias a alertas de exempleados, los ejecutivos del banco se aproximaban durante eventos públicos, como conciertos o torneos de golf, a deportistas, celebridades y ricos empresarios en Francia para ofrecerles ocultar su dinero en Suiza. Para hacerlo llevaban un sistema de doble contabilidad para ocultar los movimientos de capital.
Las autoridades alemanas entregaron a las francesas documentación en la que se contiene información sobre depósitos de unos 38,000 clientes franceses a UBS por unos 12 mil millones de euros. Sin embargo, no todos estos clientes son sospechosos de evasión fiscal.
La unidad de delitos financieros ha estimado que, en total, por lo menos 9,760 millones de euros fueron ocultados de las autoridades hacendarias francesas.
En junio del año pasado, la fiscalía francesa recomendó presentar cargos contra UBS por “lavado agravado de procedencias de evasión fiscal”, lo que propició el inicio de negociaciones. Pero, conforme a una fuente interna, “estas negociaciones fracasaron en particular porque la fiscalía y el banco no pudieron acordar la suma que el banco tendría que pagar”.
UBS se ha declarado no culpable por lo que han rechazado los cargos que se han presentado en su contra.
De comprobarse las acusaciones, el monto de la multa que se podrían imponer a UBS podría ser hasta de la mitad del dinero lavado, lo que podría representar casi 5 mil millones de euros.
En 2014, los jueces dictaron como medida cautelar a UBS una fianza por mil millones de euros. Esta fianza fue recurrida por los suizos ante la Corte Europea de Derechos Humanos, pero fue rechazada al concluir que la fianza era “una medida intermedia que no prejuzgaba el resultado de los procedimientos”.
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