Reina Máxima de los Países Bajos

 

Un tribunal de Utrecht, Países Bajos, sentenció a 40 horas de trabajo comunitario a un hombre de 63 años que insultó a la reina Máxima, esposa del rey Willem Alexander, con fundamento en el delito de lesa majestad.

Se trata de un hombre que el pasado mes de octubre, estando reunido con varios amigos en la ciudad de Utrecht hizo comentarios despectivos y groseros hacia la reina. Según se supo, estaba tan enojado que empezó a maldecir a la reina a quien llamó, entre otras cosas, hija de un asesino.

Máxima Zorreguieta, nació en Argentina. Su boda con el entonces príncipe heredero Willem Alexander fue motivo de escándalo porque es hija de un antiguo ministro del gobierno militar de Jorge Rafael Videla. El matrimonio fue finalmente aceptado por el parlamento holandés con la condición de que los padres de ella no asistieran ni a la boda ni a la ceremonia de investidura de su marido como rey que tuvo lugar en abril de 2013.

Las reticencias iniciales hacia Máxima, tanto por el pasado de su familia como por su religión católica, se fueron suavizando con el tiempo de forma que el parlamento aprobó en 2011 una serie de reformas legislativas que le permiten llevar el título de reina del Reino de los Países Bajos conformado por Holanda, Aruba, Curazao y San Martín.

Nadie es monedita de oro, sin embargo, y el hombre que fue procesado por insultar a la reina lo demostró puesto que pese a las advertencias de la policía siguió su retahíla de insultos.

Como el delito se realizó estando vigente el tipo penal de lesa majestad, fue procesado conforme al mismo. Se trataba de un delito que preveía un máximo de cinco años en prisión. Como el procesado estaba libre bajo palabra por un delito semejante, la fiscalía pedía al juez que se impusiera una pena de prisión, lo que el juzgador consideró excesivo, sentenciándolo al trabajo comunitario.

El delito de lesa majestad fue abrogado, aunque se sigue sancionando el insultar al rey y a sus familiares, pero no como un delito separado, sino de la misma forma en que se castigan las ofensas proferidas en contra de los policías, militares y prestadores de servicios de emergencia, que tienen una penalidad más alta que insultar a los ciudadanos comunes.

En este caso, desde que se presentó la acusación se convino en que las palabras mencionadas no estaban protegidas por la libertad de expresión por haber sido extremas.

Cuando las ofensas se hicieron, la reina Máxima no estaba en el país sino en Tokio, Japón, durante los festejos que siguieron a la ceremonia de entronización del emperador Hiroito.

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