Cámara de Diputados revisará iniciativa de reformas a Ley de Vivienda que contempla políticas que deben observarse en materia de viviendas abandonadas
En la sesión del martes, está contemplado discutir en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas a la Ley de Vivienda respecto de la problemática social y económica que representa en México la vivienda abandonada.
La propuesta que se sometió al Pleno partió de dos iniciativas de reformas presentadas en diciembre de 2021 y marzo de 2022, la primera por el diputado Daniel Murguía Lardizabal, de Morena, enfocada en la reasignación de viviendas abandonadas, y la segunda por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, enfocada en la prevención del abandono, la recuperación y la reasignación.
En materia de vivienda, el párrafo 7 del artículo 4 de la Constitución Política dispone que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y que la “Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
A este respecto, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados señala que “de la interpretación amplia de todas estas disposiciones normativas y bajo el principio pro persona, se considera que el derecho a la vivienda no abarca simplemente el de contar con una edificación habitable conformada por un techo y cuatro paredes; por el contrario, este derecho debe cumplir con los 7 elementos de una vivienda adecuada: 1. Seguridad en la tenencia; 2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; 3. Asequibilidad; 4. Habitabilidad; 5. Accesibilidad; 6. Ubicación y 7. Adecuación cultural.”
En el documento presentado al Pleno de la Cámara de Diputados sobre estas reformas, se retomaron argumentos de ambas iniciativas.
Así, entre las causas que generan el fenómeno del abandono de vivienda se señala la falta de coordinación y planeación, al no considerarse aspectos fundamentales como la ubicación geográfica, el acceso a servicios como agua, drenaje y electricidad, la mala calidad de los materiales de construcción, el muy reducido espacio, además de los fenómenos de inseguridad y migración.
Conforme con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, "..Entre 2014 y 2017 los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavi) financiaron la construcción de más de 2.2 millones de unidades, pero solo 8.0 por ciento se localizó en zonas urbanas plenamente consolidadas... y … solo el 14.7 por ciento de las reservas territoriales en el país cumplen con una ubicación adecuada en términos de acceso a infraestructura y cercanía a fuentes de empleo...”
A finales de ese mismo año, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, “se contabilizaron 6.1 millones de viviendas deshabitadas, cifra que representa el 14 por ciento del parque habitacional en el país, además de significar un alza de 22 por ciento, en comparación con los 5 millones de unidades abandonadas en 2010”.
Esas cifras contrastan con las aportadas en el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, según el cual “se consideran en estado de abandono unas 650 mil viviendas aproximadamente”. El 33 por ciento de las viviendas abandonadas se localiza en 10 municipios ubicados en los estados de Chihuahua, Baja California, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León, lo anterior conforme con el Atlas de Abandono de Vivienda.
En el Dictamen se declara que “el abandono de la vivienda en sí mismo y la posterior invasión por personas ajenas, genera un impacto económico para el sector público —cuando los acreditados dejan de cumplir con su obligación crediticia y constituyen la cartera vencida-, para el sector privado (cuando las zonas son catalogadas como inseguras y en virtud de ello se deja de tener demanda) e incluso para los particulares (cuando se merma la plusvalía del bien inmueble adquirido por no contar con condiciones suficientes de seguridad jurídica y social.”
Para prevenir el abandono de viviendas, se cita que desde 2020 el Infonavit tiene tres programas implementados y que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, también realiza programas de recuperación de vivienda abandonada, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda.
De esta forma, se señala la importancia de contar con índices precisos de vivienda en condición de abandono, cuáles pueden ser recuperadas y el proceso de reasignación, en el que se garantice la seguridad jurídica de la propiedad y/o de la legítima posesión de los inmuebles recuperados.
Por lo anterior, se propuso adicionar la fracción XIII al artículo 6º, para que uno de los lineamientos que la Política Nacional de Vivienda contemple sea:
“Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto a los principios de legalidad y certeza jurídica, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación, otorgando prioridad a los primeros tenedores.”
Sobre el contenido de este Plan Nacional de Vivienda, se adiciona la fracción XVIII al artículo 8º, para obligar a que este Plan contenga:
“Estrategias y acciones para prevenir el abandono de vivienda y para su recuperación y resignación privilegiando los derechos de los primeros tenedores, con respeto al principio de legalidad y certeza jurídica, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación”.
Finalmente, se otorga a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del Decreto, para emitir los lineamientos necesarios para clasificar una vivienda en estado de abandono.
Como parte de las políticas para evitar el abandono de vivienda, en febrero de 2022 se publicó la NOM-SEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, con disposiciones en materia de planeación urbana y que abarca los espacios públicos en los desarrollos habitacionales, que incluyen parques, jardines, huertos, plazas y explanadas, espacios deportivos y vías urbanas.
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