En sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, CPI, Luis Moreno Ocampo, urgió a la adopción de medidas para lograr el arresto de las autoridades sudanesas que han sido requeridas por la Corte para responder de haber cometido crímenes contra la humanidad.

 

El requerido principal por la CPI es el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, cuya orden de arresto se emitió desde 2009. Pero no es el único, ya que se han emitido órdenes de arresto en contra de otros altos funcionarios de Sudán.

 

Algunos otros funcionarios requeridos por la justicia internacional son el ministro de defensa Abdelrahim Mohamed Hussein, el ex ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, Ahmad Harun y el líder de las milicias Janjaweed, Ali Kushayb. Todos ellos son requeridos por la violencia que se vive desde 2005 en Darfur, en donde fuerzas del gobierno sudanés rodeaban las poblaciones mientras desde el aire eran bombardeados indiscriminadamente para después permitir la entrada por tierra de soldados y de miembros de la milicia Janjaweed quienes violaban, saqueaban y mataban a los pobladores, forzando el desplazamiento de cuatro millones de habitantes.

 

El fiscal general de la CPI señaló ante el Consejo de Seguridad señaló que si bien efectuar los arrestos no es función de la UNAMID, que es la misión de África y Naciones Unidas en Darfur, el Consejo puede solicitar a los países africanos que efectúen los arrestos. Se trata de una petición, sin embargo, que no ha sido cumplida por varios países como Yibuti y Malawi.

 

Para el fiscal general de la CPI, cuyas funciones finalizan este mes, lo importante es efectuar los arrestos para que las víctimas en África sepan que no están siendo ignoradas y que los perpetradoros reciban el mensaje claro de que no hay impunidad.

 

 

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