El pasado 12 de diciembre la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional turnó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma el caso de Malawi, país que no cumplió con la orden de arresto internacional en contra del presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
Sobre Omar al-Bashir pesan dos órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad y genocidio, una expedida en marzo del 2009 y otra en julio de 2010, lo que lo convirtió en el primer jefe de estado en funciones en ser requerido por la CPI. Posteriormente, en junio de este año se requirió el arresto de Muammar al-Gadafi, presidente de facto de Libia en ese momento.
Omar al-Bashir estuvo de visita como jefe de estado en Malawi durante el mes de octubre y si bien Sudán no forma parte del Estatuto de Roma, sí lo es Malawi y como tal tenía la obligación de detener al presidente y remitirlo a las autoridades la Corte Penal Internacional.
Malawi presentó el mes pasado sus consideraciones sobre el caso argumentando que no había detenido al presidente de Sudán porque goza de inmunidad y su detención hubiera sido violatoria del derecho internacional.
Pero la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concluyó que la obligación de Malawi de cumplir con la orden de la Corte no se contrapone a sus obligaciones como estado en el derecho consuetudinario internacional y señala que Malawi incumplió su obligación de consultar el asunto con la CPI y de ejecutar la orden de arresto.
Sobre la inmunidad de los jefes de estado, la CPI señaló que en las cortes internacionales la inmunidad de jefes de estado ha sido rechazada varias veces desde la Primera Guerra Mundial y mencionó los casos específicos de Slobodan Milosevic, Laurent Gbagbo, Charles Taylor y Muammar al-Gadafi requeridos por la CPI. Agregó que la persecución de jefes de estado por cortes internacionales es una práctica que se ha generalizado y que ha sido aceptada.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, los casos en que un país miembro incumple una orden de arresto son revisados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de determinar una sanción. Malawi no es, sin embargo, el único país en no haber cumplido la orden de arresto en contra de Al-Bashir. Chad, Kenia y Yibuti son otros países africanos que no han cumplido con esa orden.
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