Finalmente el pasado 27 de octubre el Congreso uruguayo derogó parcialmente la controvertida Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Caducidad, que requería aprobación presidencial para perseguir a miembros del gobierno militar que tuvo lugar de 1975 a 1983, por violaciones a los derechos humanos, y que se convirtió en una ley de amnistía.
La discusión sobre la derogación de esta ley inició el pasado mes de marzo en el Senado, cámara que aprobó la moción. Ahora, la Cámara de Diputados la aceptó después de una maratónica sesión de doce horas con el voto a favor de 50 de los 90 diputados.
La decisión ha sido muy controvertida pues esta ley se sujetó dos veces a referéndum para ser abrogada y las dos veces las ciudadanos uruguayos votaron en contra de la abrogación, por lo que quienes están en contra de esta derogación sostienen que es inconstitucional por no obedecer la voluntad popular.
Pero por otro lado la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el 2009 a partir de la revisión del caso de Nibia Sabalsagaray, una militante comunista asesinada en 1974. Esta decisión no se tradujo en una derogación automática de la ley puesto que en Uruguay las resoluciones afectan solo el caso particular que es presentado.
El presidente de Uruguay, José Mujica, líder de izquierda, había señalado en el pasado que no estaba de acuerdo con la derogación de la amnistía, pero conocida la decisión de los diputados declaró que promulgará el decreto antes del 1° de noviembre.
Quienes abogaron por la desaparición de esta ley señalan que con ello se da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso del poeta argentino Juan Gelman y su nieta María Macrena, obliga al estado de Uruguay, entre otros, a garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a ser un obstáculo para la investigación de violaciones a derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, lo que implica un cese en su aplicación.
Se espera que esta decisión sirva para que se haga justicia por los crímenes cometidos bajo la dictadura militar, pero n o para dividir a los uruguayos y abrir nuevas heridas.
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