El pasado 24 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió su sentencia en torno del caso de violaciones de derechos humanos del poeta argentino Juan Gelman, su nuera María Claudia García Iruretagoyena y su nieta María Macarena Gelman García.

 

Este jueves 24 de marzo, en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad y de la Dignidad de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, la Corte dio a conocer el contenido de esta sentencia a través de su página web.

 

La demanda ante la Corte fue interpuesta el 21 de enero de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Republica Oriental de Uruguay en el marco del caso presentado por Juan Gelman, María Claudia García y María Macarena Gelman.

 

Durante la dictadura militar de argentina, María Claudia García, entonces de 19 años, y su esposo, Marcelo Gelman, hijo del poeta, fueron secuestrados por autoridades militares. María Claudia, con siete meses de embarazo fue trasladada a Uruguay en el marco del Plan Cóndor que en los años 70 y 80 encauzó hacia un mismo fin a las dictaduras militares del Cono Sur, incluyendo Argentina y Uruguay. La existencia del Plan Cóndor fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006.

 

Estando María Claudia García en cautiverio, nació su hija, presumiblemente el 1° de noviembre de 1976. En diciembre fue separada de la niña quien fue entregada en adopción a un matrimonio uruguayo. El paradero de María Claudia no se conoce hasta la fecha por lo que permanece en calidad de desaparecida aunque se presume que fue asesinada. Marcelo Gelman fue asesinado en Argentina y sus restos fueron identificados en 1989.

 

Juan Gelman inició averiguaciones ante los gobiernos de Uruguay y Argentina, lo que le llevó en 1999 a entrevistarse con un representante del entonces presidente uruguayo, José María Sanguinetti, quien prometió abrir una investigación en el caso, lo que no se hizo, y a presentar en caso judicialmente, sin éxito debido a la existencia de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Caducidad, y que establece la facultad del poder ejecutivo de aprobar cada caso que se presenta en contra de las autoridades militares que gobernaron el país entre 1973 y 1985, lo que cerró la puerta a casi todos los casos al respecto.

 

Esas averiguaciones lo llevaron a encontrar en 1999 a su nieta, María Macarena, en ese entonces, Tauriño Vivian, quien supo la verdad de su origen en el 2000, procediendo a la acción de reclamación de filiación legítima ante un juzgado familiar en Uruguay que decretó la nulidad de la inscripción de su partida de nacimiento como hija legítima de Ángel Julián Tauriño Rodríguez y de Esmeralda Vivian y ordenó su inscripción como hija legítima de Marcelo Ariel Gelman y de María Claudia García Iruretagoyena, nacida en Montevideo el 1 de noviembre de 1976, nieta por línea paterna de Juan Gelman Burichson.

 

A partir del 2000, María Macarena se ha unido a los esfuerzos de su abuelo por encontrar la verdad sobre la desaparición forzada de su madre, razón por la que, de acuerdo con un perito en la materia, presenta síntomas que perturban su vida, le impiden retomar un proyecto para su futuro y le causan dolor.

 

La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay fue por violación de los derechos de debido proceso y protección judicial, lo que llevó a la desaparición forzada de María Claudia y por consiguiente de su hija; del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; de la integridad personal; y, de la protección de la familia. Adicionalmente, los Gelman solicitaron también medidas de reparación del daño porque el estado uruguayo faltó a su deber de la verdad al no investigar diligentemente los hechos que dieron motivo a la demanda debido a la existencia de la Ley de Caducidad.

 

La República Oriental de Uruguay contestó la demanda reconociendo que se habían violado los derechos humanos de María Claudia García y de María Macarena Gelman.

 

En la sentencia, la Corte reconoce la responsabilidad de estado y lo condena, entre otras,  a investigar y esclarecer los hechos, a encontrar los restos de María Claudia García y entregarlos a sus deudos y a garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a ser un obstáculo para la investigación de violaciones a derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, lo que implica un cese en su aplicación.

 

También condena al estado de Uruguay a reparar los daños materiales e inmateriales a María Macarena Gelman quien deberá recibir $385.326 dólares por lucro cesante como heredera, $180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre y $5.000 dólares por gastos por la búsqueda de la verdad. El lucro cesante se refiere al dinero que María Claudia habría percibido de no haber sido desaparecida y que se calculó de acuerdo con expectativa de vida, estudios profesionales, etcétera, y que le corresponden como herencia a su hija.

 

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