Diccionario de francés

 

La provincia francófona de Quebec, Canadá, aprobó una ley que obliga aún más al uso del francés en el gobierno, educación y negocios

El Parlamento de Quebec, Canadá, aprobó esta semana una controvertida ley que dispone medidas más estrictas para que preponderantemente se use el francés, lengua oficial en la provincia, invocando un artículo que evitaría que la ley pase por revisión judicial.

Se trata de la iniciativa Bill 96, titulada Una ley que respeta el francés, la lengua común y oficial de Quebec, y que reforma varias leyes para hacer más estrictas las reglas respecto del uso del francés. La iniciativa fue presentada por el gobierno actual del partido Coalition Avenir Québec que en 2019 presentó también una controvertida reforma para prohibir a los servidores públicos el uso de símbolos religiosos.

Tanto la ley de laicismo como esta del idioma, invocan la Sección 33 de la Carta de Derechos Civiles y Libertades de Canadá. Se trata de un controvertido artículo que permite que los gobiernos provinciales anulen o supriman algunos derechos y libertades por un periodo de hasta cinco años. Esta disposición, conocida como “notwithstanding clause” o “sin perjuicio de” se incluyó en la Carta de Derechos en 1982 a petición de varias provincias de contar con una medida democrática para anular decisiones judiciales sobre ciertos derechos, frente a la facultad judicial de anular leyes.

Debido al uso de esta cláusula, la Office québécois de la langue française, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre el uso del idioma, especialmente en los comercios, podría realizar investigaciones solicitando documentos o haciendo cateos, sin necesidad de autorización judicial, al anular el derecho de los ciudadanos a la vida privada.

Más importante, quizá, es que la cláusula protege a la nueva ley de revisión judicial.

"Recuerdo esos debates cuando la Constitución entró en vigor y la cláusula de sin prejuicio estaba destinada a ser la última palabra", declaró a periodistas el ministro de Justicia de Canadá, David Lametti. "No estaba destinada a ser la primera palabra".

El ministro de Justicia coincide con la opinión de expertos de que la ley podría poner en riesgo los derechos de los canadienses anglófonos y alófonos, es decir, los que hablan otras lenguas, al limitar sus derechos de acceso a la justicia y a servicios de salud, porque los servidores públicos quedan obligados a hablar exclusivamente francés.

La ley prevé una excepción al uso del idioma, “cuando la salud, seguridad pública o los principios de justicia natural así lo exijan”.

“Todos los que quieran recibir servicios de salud en inglés, pueden recibirlos”, declaró el ministro quebequense de la lengua, Simon Jolin-Barrette. “Si usted es un quebequense de habla inglesa, un inmigrante reciente o un turista, puede recibirlos en inglés. Antes era así. Es así ahora. Y así será en el futuro, después de la Bill 96”.

No queda claro, empero, hasta qué punto se pueden recibir los servicios de salud en inglés. Por ejemplo, tratándose de inmigrantes, las reformas disponen que durante seis meses pueden recibir asistencia del gobierno en un idioma diferente del francés, sea inglés u otro. Pasado ese período, aunque el funcionario hable la lengua del inmigrante, deberá hablar exclusivamente francés.

Los estudiantes también son afectados por esta ley porque se imponen medidas más estrictas en las escuelas de inglés, conocidas como CEGEP, en las que los estudiantes ahora deberán tomar por lo menos tres cursos de 45 horas en francés y deberán presentar un examen al final de sus estudios en los que acrediten un determinado conocimiento del idioma. De no aprobar ese examen, no podrán graduarse.

Con las reformas, los negocios también se ven afectados pues las reglas en las que obligue a que el francés sea la lengua usada en el lugar de trabajo, con la creación de comités del idioma y la obtención de un certificado de cumplimiento por parte del gobierno, aplica ahora también a negocios de más de 25 empleados. Antes aplicaba para negocios con más de 50.

Tratándose de tribunales, no se niega el derecho de las personas de tener acceso a la justicia en inglés o en francés, pero los juzgadores ya no están obligados a acreditar un nivel específico de dominio de una lengua diferente de la oficial, por lo que encontrar una o un juez que hable inglés, será más difícil.

"Mantendremos todas las opciones sobre la mesa", dijo el ministro Lametti sobre la aprobación de esta ley. "No eliminaremos la posibilidad de unirnos a los desafíos judiciales cuando lo consideremos necesario para proteger los derechos constitucionales de los canadienses".

Más información cbc.ca

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