Clérigo parsi

 

Tribunal de Quebec sostiene en su mayor parte ley que prohíbe uso de símbolos religiosos a servidores públicos

El juez Marc-André Blanchard del Tribunal Superior de Quebec, Canadá, concluyó este martes que partes de la contendida ley provincial de laicismo son inconstitucionales, aunque la mayoría de los artículos de la ley son constitucionales.

La ley se conoce como Bill 31 y fue presentada en 2019 por el ministro de Justicia de la provincia francófona, Simon Jolin-Barrette, y aprobada por el partido Coalicion Avenir Québec, actualmente en el gobierno. Principalmente la ley prohíbe a los servidores públicos usar símbolos religiosos en el trabajo.

Docentes de instituciones públicas, abogadas(os) de fiscalías o defensorías, oficiales de la policía, guardias de prisiones, etcétera, no pueden usar símbolos religiosos visibles durante el trabajo. La ley, evidentemente, está dirigida a los miembros de religiones que usan símbolos muy visibles como musulmanes o sikh, siendo las más afectadas las mujeres musulmanas.

Tan pronto como la iniciativa fue aprobada, grupos y organizaciones civiles como el National Council of Canadian Muslims y Canadian Civil Liberties Association presentaron recursos en contra de la ley por muy variados aspectos.

La presentación de estos recursos no fue sencilla pues la Bill 31 invocó la Sección 33 de la Carta de Derechos Civiles y Libertades de Canadá, un controvertido artículo que permite que los gobiernos provinciales anulen o supriman algunos derechos y libertades por un periodo de hasta cinco años. Entre los derechos que pueden ser suprimidos está la libertad de consciencia y religión y de equidad de derechos. Esta disposición, conocida como “notwithstanding clause” o “sin perjuicio de” se incluyó en la Carta de Derechos en 1982 a petición de varias provincias de contar con una medida democrática para anular decisiones judiciales sobre ciertos derechos, frente a la facultad judicial de anular leyes.

Al haber invocado la cláusula, los recursos no podían presentarse aludiendo la violación de la equidad de derechos o de religión y creencias y en su lugar se expusieron diversas teorías sobre la inconstitucionalidad de la ley, como que se trata de una ley de carácter penal y, por tanto, no es competencia de la provincia. Ley penal porque ya la Suprema Corte de Canadá concluyó que la supresión de derechos religiosos equivale a legislación penal.

El juez Blanchard escuchó cuatro de estas demandas y esta semana concluyó que en términos generales la ley es constitucional, salvo dos disposiciones. La primera de ellas que excluye a las escuelas de inglés porque viola los derechos lingüísticos de minorías, que no se incluyen en la Sección 33, ni la que prohíbe a los miembros de la Asamblea de Quebec usar símbolos religiosos que cubran sus rostros o cabezas porque es violatorio de la Sección 3 de la Carta de Derechos y Libertades que garantiza el derecho de cualquier ciudadano de ser elegido para formar parte de una legislatura.

La decisión judicial de esta semana difícilmente es la última palabra en este enfrentamiento pues tanto el gobierno de Quebec como las organizaciones recurrentes declararon que apelarán, lo que significa que es probable que el tema llegue a la Suprema Corte de Canadá.

El argumento del ministro de Justicia para apelar es que la decisión divide a los quebequenses. “Necesitamos mantener unido a Quebec y que todas las leyes que son aceptadas aquí en la Asamblea Nacional se apliquen a todos”, dijo el ministro Jolin-Barrette.

Esta ley ha implicado que muchas personas que han sido educadas en Quebec tengan que salir de esa provincia a buscar trabajo en otras que no les prohíban el uso de esos símbolos como turbantes o velos islámicos.

Más información cbc.ca

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