Torsos de jóvenes

 

Con la expedición de ley sobre datos demográficos, provincia de Canadá pretende encontrar causas de discriminación por raza y revertirlas

Esta semana se aprobó en Columbia Británica, Canadá, una ley que regula la obtención de datos demográficos de los habitantes para determinar si sufren racismo sistematizado y, en su caso, cambiar los programas y políticas de gobierno.

La ley fue elaborada con base en las respuestas que 13,000 habitantes de la provincia canadiense proporcionaron sobre la forma en que el gobierno podía obtener la información demográfica sin atentar contra derechos o hacer sentir inseguras a las personas, y cómo podían usarlas para hacer frente al grave problema del racismo.

Estas encuestas incluyeron a grupos indígenas, métis y comunidades racializadas, término que se da a los grupos de personas que no son caucásicas o blancas. Los métis suelen ser definidos como aborígenes mestizos, es decir, descendientes de diferentes razas, generalmente mujeres indígenas y hombres británicos, aunque legalmente no hay una definición.

La ley regula la forma en que autoridades podrán obtener información de las personas incluyendo raza, etnia, género, religión, sexualidad, discapacidad e ingresos, y será el primer paso para abordar el racismo sistémico en la atención a la salud, la policía y las instituciones gubernamentales.

La información no será recabada por oficiales de policía, profesionistas de la enfermería, servidores encargados de trámites o trabajadores sociales, sino por personal de ciertas instituciones como la Oficina Forense o el Ministerio de Salud.

La ley prevé la creación de un comité que supervise cómo los dato demográficos están siendo utilizados y que identifique áreas de investigación y las estadísticas que se harán públicas. Este comité será nombrado en agosto y trabajará cercanamente con grupos indígenas y comunidades racializadas.

La ley aprobada es resultado de varios factores, entre ellos un importante reporte publicado en noviembre de 2020 por la entonces representante de la niñez y juventud de Columbia Británica, Mary Ellen Turpel-Lafond. Este reporte encontró un racismo extendido y sistémico hacia los indígenas en los servicios de salud, lo que tiene como consecuencia peores resultados de salud para los pueblos originarios y los métis.

La falta de mayor información demográfica hizo imposible que se determinara si otras comunidades no blancas sufrían la misma clase de racismo.

Otro factor importante fue que durante la pandemia se puso de manifiesto que los funcionarios de salud carecían de los datos para determinar si los grupos racializados estaban contrayendo COVID-19 de manera desproporcionada debido a factores de alto riesgo.

“Si aquellos de nosotros que desempeñamos más roles de vigilancia podemos tener esos datos (demográficos), podemos hacer que el gobierno rinda cuentas”, declaró sobre esta ley la comisionada de Derechos Humanos de Columbia Británica, Kasari Govender.

La Comisionada presentó en noviembre de 2021 otro informe en el que, analizando estadísticas de cinco departamentos de policía, se encontró que que las personas indígenas, negras y de otras razas estaban sobrerepresentadas en los arrestos y las detenciones, en los controles de salud mental o de bienestar y en las revisiones al desnudo.

Sin embargo, la comisionada dijo que no es claro si la información recolectada en los departamentos de la policía se basa en la percepción de los oficiales o en la forma en que la persona con la que se trata se identifica.

Con la expedición de esta ley, el gobierno espera que se garantice que los grupos racializados no se vean perjudicados por los datos que, si se publican de manera deficiente o sin contexto, podrían generar más prejuicios, estereotipos y estigmatización, una situación a la que estos grupos se han visto expuestos durante años. Por ejemplo, durante las encuestas, los grupos de las naciones originarias dijeron que desconfían de los intentos de categorizarlos, ya que históricamente esto les ha perjudicado más de lo que los ha beneficiado. Un ejemplo de ellos son las escuelas residenciales indígenas.

“Durante demasiado tiempo, nuestra gente se ha visto afectada de manera desproporcionada por el racismo sistémico, ya sea en el sistema legal, el sistema médico, las instituciones gubernamentales u otras áreas de la sociedad, y esta injusticia ha sido invisible debido a la falta de datos desglosados”, declaró sobre la ley en un comunicado la jefe Lydia Hwitsum, política de la Cumbre de las Primeras Naciones. “Esta legislación permitirá una mejor recopilación, análisis y utilización de datos de una manera que honre nuestros derechos a la soberanía de los datos. Nada sobre nosotros sin nosotros”.

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