Memorial a los niños en Kamloops

 

Abogados piden a la CPI intervenga en investigación de crímenes contra la humanidad por hallazgo de cadáveres en escuela para indígenas

Después de que a finales de mayo se confirmara el hallazgo de los restos no identificados en 215 niños en los terrenos de lo que funcionó como la Escuela Residencial Indígenas de Kamloops, en Columbia Británica, Canadá, se ha presentado una petición a la Corte Penal Internacional, CPI, para que investigue al gobierno canadiense y al Vaticano por sus responsabilidades.

Las escuelas indígenas fueron instituciones administradas por la iglesia católica bajo la anuencia del gobierno canadiense, en donde se internaban forzosamente a niños de comunidades nativas para “integrarlos” a la sociedad “civilizada”. Se calcula que en los más de cien años en los que existió este sistema más de 100,000 niños indígenas fueron internados forzadamente en las diferentes escuelas.

En Kamloops, la escuela funcionó de 1880 a 1969 bajo la administración de la iglesia católica. Cerró definitivamente en 1978 siendo administrada directamente por el gobierno federal. Las instalaciones se ubican en territorio de la nación originaria Tk’emlúps te Secwépemc.

Gracias al uso de un georradar o radar de penetración terrestre se descubrieron las tumbas sin marcar de los niños y se siguen haciendo búsquedas en el terreno. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida en 2007 con el acuerdo al que se llegó por la existencia de estas escuelas, solo tiene registrados los fallecimientos de unos 60 niños, pero Rosanne Casimir, jefa de la nación Tk'emlúps te Secwépemc Kukpi7, dice que el hallazgo es de niños que no están identificados por lo que ahora inicia la labor de exhumación, identificación y entrega a los descendientes.

La noticia, por supuesto, ha generado múltiples reacciones del gobierno en todos sus niveles, de académicos y de las naciones originarias para quienes el hallazgo, aunque lamentable, no es sorpresivo porque de primera mano vivieron todas las atrocidades que se cometieron en el afán de acabar con sus culturas. (Incluso hoy en día siguen padeciendo abusos, discriminación y falta de programas de ayuda, lo que ha llevado a un muy elevado índice de suicidios especialmente entre los más jóvenes).

Una de estas reacciones viene de un grupo de 15 abogados de Calgary, Alberta, que han presentado una petición a la CPI para que investigue a los gobiernos de Canadá y del Vaticano por crímenes contra la humanidad cometidos en la escuela en Kamloops (y posiblemente en otras). La petición se ha hecho a quien tomará posesión a mediados de este mes como nuevo fiscal, el abogado británico Karim Khan y se dice que el hallazgo es evidencia de la política de exterminio, apartheid y persecución de un grupo identificable.

La fiscalía de la CPI debe primero analizar si se configura el tipo penal y si se presentan las condiciones para que intervenga. Por ejemplo, tiene jurisdicción para investigar ciertos delitos cometidos a partir de 2002, fecha de ratificación del Estatuto de Roma, fundamento legal de la Corte. Los hechos en Kamloops fueron anteriores a esta fecha, pero su ocultamiento ha sido continuado por lo que la CPI podría tener jurisdicción.

Además, la Corte interviene cuando nadie más está investigando o procesando los hechos. En Canadá el asunto está siendo investigado, pero de momento nadie ha sido procesado.

“Este evento lleva de avergonzar a las personas a la acción: el momento para los gestos se acabó”, declaró el abogado Brendan Miller, uno de los peticionarios, en referencia a la impunidad con que estas atrocidades pasaron, pidiendo a la CPI que investigue a los “empleados, agentes y actores” de la iglesia católica y del gobierno de Canadá que estuvieron involucrados bien en el encubrimiento de las tumbas masivas o en su creación.

“Lo que sucedió a estos 215 años es, tanto interna como internacionalmente, un crimen contra la humanidad. Y cuando eso sucede no es algo que solo necesite ser conversado, necesita ser investigado”, señalan los abogados en la petición a la CPI.

Es poco probable que la CPI intervenga en el asunto, aunque tendremos que esperar para conocer las pautas que se marcarán con la gestión del nuevo fiscal general.

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