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Tribunal Superior de Osaka revisa caso presentado por descendiente de coreanos en contra de la empresa por panfletos anti coreanos

En el Tribunal Superior de Osaka, Japón, se está ventilando una de las primeras demandas que pone a prueba la ley que sanciona el lenguaje de odio en el lugar de trabajo, presentado por una mujer tercera generación descendiente de coreanos en contra de la empresa de bienes raíces Fuji Corp. Ltd., por la distribución de panfletos que se refieren despectivamente a los zainichi.

Por zainichi se entiende a la segunda y tercera generación de descendientes de coreanos en Japón. Pese a haber nacido en el país, no se consideran japoneses y siguen siendo discriminados y señalados particularmente por nacionalistas japoneses.

En el caso, que fue ganado en primera instancia por la empleada que presentó la demanda, el corporativo de la empresa, particularmente el director Mitsuo Imai, repartió panfletos sobre videos nacionalistas que hacían un llamado a la muerte de los zainichi, o que llamaban mujerzuelas a las mujeres de consuelo que durante la ocupación japonesa en Corea fueron esclavizadas por soldados japoneses para servirles sexualmente.

La empleada, cuyo nombre ha quedado resguardado por orden judicial para tratar de evitar que sea acosada, pidió a la administración que dejara de repartir esa información alegando sentirse ofendida, pero su petición no fue atendida por lo que en 2015 demandó a la empresa por discriminación racial.

La ley que en Japón castiga el lenguaje de odio y la discriminación racial es de 2016 por lo que la demanda fue fundamentada en la Convención Internacional para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Racial de la que Japón es parte, y de la legislación laboral. Cuando en 2016 la Dieta aprobó la Ley de Discurso de Odio, los abogados de la empleada expusieron al tribunal que las acciones de Imai y de su empresa también eran violatorias de esta ley por tratarse de “un discurso y palabras injustas y discriminatorias.”

El año pasado la corte de distrito concluyó que las acciones de la empresa habían causado daño psicológico a la empleada, pero no se pronunció sobre el carácter ofensivo de los panfletos distribuidos.

La decisión fue apelada por la empresa insistiendo en que los panfletos se distribuyen para propósitos educativos y que están protegidos por las disposiciones de libre discurso. “Estos son materiales de referencia que permitirán a los empleados estar atentos a las amplias tendencias políticas globales”, declaró en un correo electrónico el director Imai, insistiendo en que “no son lenguaje de odio.”

La demanda expone un problema importante de la sociedad japonesa que, al haberse querido mantener muy cerrada, no reconoce a los inmigrantes como parte de su sociedad ni los actos y palabras en contra de ellos como ofensivos. Así, cuando en 2015 se estaba discutiendo la Ley de Discurso de Odio en la Dieta, la Federación Japonesa de Colegios de Abogados elaboró un documento urgiendo a su aprobación, en el que expusieron el problema de las manifestaciones ocurridas en Tokio y Osaka en contra de descendientes de coreanos. Según organizaciones no gubernamentales en 2013 hubo por lo menos 360 demostraciones de discurso de odio en contra de coreanos étnicos residentes en Japón, con frases como “coreanos, ahórquense” o “lleven a los coreanos a cámaras de gas”.

Sobre la apelación en el Tribunal Superior de Osaka, Takashi Nakai, unos de los abogados que representa a Fuji dijo que sería “absolutamente inaceptable” que el tribunal sostuviera la decisión de primera instancia porque entonces la empresa tendría que considerar siempre si el contenido del material que entrega a los empleados está en conflicto con las creencias de la demandante. “La empresa estará en una posición peligrosa con la fundación del negocio destruida.”

El abogado Masahiko Nakamura, representante de Imai, pidió al tribunal que considerara los derechos constitucionales de su representado. “El problema fundamental con la sentencia es una clara falta de consideración a la libertad de expresión del demandando Imai.”

Se espera que el próximo mes el Tribunal Superior emita su fallo, pero se advierte que, cualquiera que sea el resultado, la parte insatisfecha apelará por lo que se espera que este asunto llegue hasta la Suprema Corte.

Más información japanatimes.co.jp

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