Balanza judicial

 

Pese a las manifestaciones en contra y a las decisiones judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el gobierno de Polonia continúa reformando el poder judicial con leyes que parecen poner una mordaza a los jueces y debilitar la autonomía de este poder.

La reforma más reciente se empieza a debatir hoy ante el poder legislativo y pretende sancionar con una multa o con destitución a cualquier juez que se involucre en “actividades políticas”, lo que incluye cuestionar o criticar el nombramiento de algún juez por el Consejo de la Judicatura Nacional.

Polonia, gobernado mayoritariamente por el partido Ley y Justicia (PiS), inició en 2017 una gran reforma judicial con el supuesto objetivo de evitar la corrupción y sacar a jueces de la era comunista. Entre otras medidas, emitió leyes para bajar la edad de jubilación de los jueces y de esta forma quitar a la mayoría de los juzgadores en servicio, particularmente en la Suprema Corte, así como reformas al nombramiento y remoción de los integrantes del poder judicial.

En Polonia los nombramientos de los integrantes del Poder Judicial son realizados por el Consejo de la Judicatura Nacional que previo a la reforma estaba integrado en su mayoría por jueces elegidos por sus pares. Una ley reciente cambió la conformación del Consejo y ahora la mayoría de los jueces que lo integran son nombrados por el Parlamento que en su composición es mayoritariamente del PiS, lo que está socavando la independencia judicial.

Las reformas, por supuesto, han sido repelidas por la Suprema Corte de Justicia, la que en un comunicado reciente declaró que el PiS está debilitando el principio de primacía de la ley de la Unión Europea sobre la ley nacional. “Contradicciones entre la ley polaca y de la Unión Europea… con toda probabilidad llevará a la intervención de la instituciones de la Unión Europea respecto de infracciones de los tratados de la Unión Europea y, a largo plazo [llevará a] la necesidad de abandonar la Unión Europea”, se lee en el comunicado en el que además se declara que el objetivo “evidente” es facultar al presidente Andrzej Duda a elegir un presidente de la Suprema Corte a su gusto antes de las próximas elecciones.

Respecto de la intervención de las instituciones de la Unión Europea, además de los fallos del Tribunal de Justicia, en diciembre de 2017 la Comisión Europea decidió activar por primera vez el procedimiento disciplinario en contra de Polonia al considerar que con los cambios legislativos de los dos pasados años se ha comprometido en ese país la independencia del poder judicial y con ello puesto en riesgo el Estado de Derecho.

La actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Polonia, la profesora Malgorzata Gersdorf, dijo que las propuestas actuales del PiS son como el establecimiento de la ley marcial en 1981 en la era comunista.

“Por tanto pediría que el odio hacia los jueces y tribunales deje de ser usado como un arma en la lucha por el poder, especialmente desde que la represión, como en 1981, sería una triste expresión de impotencia en lugar de una manifestación de fortaleza”, escribió la juez presidente, en el cargo desde 2014.

Ciudadanos polacos parecen apoyar al poder judicial pues a principios de este mes miles de ellos salieron a las calles a manifestarse en contra de lo que perciben claramente como una represión e intimidación a los jueces y a pedir la reinstalación en el cargo del juez Pawel Juszczyszyn quien fue destituido por criticar el nombramiento de otros juez por el Consejo de la Judicatura Nacional.

Analicemos cuidadosamente lo que está sucediendo en Polonia y en otras democracias del mundo, incluido Estados Unidos, en donde el poder judicial empieza a ser absorbido por un poderoso ejecutivo. Las consecuencias de la pérdida de autonomía judicial nos implican a todos y en lo más cercano como la pérdida de libertades.

Más información bbc.com

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