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Fachada de la Corte Penal Internacional

 

Mike Pompeo, secretario de estado de los Estados Unidos lo anunció desde el mes pasado: se negarían visas de entrada a personal y funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI; si seguían investigando la posible comisión de crímenes en Afganistán. El jueves pasado la amenaza se cumplió y de la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se anunció que le habían revocado su visa.

“Podemos confirmar que las autoridades de los Estados Unidos han revocado la visa de entrada a Estados Unidos de la fiscal”, se lee en un correo electrónico enviado por la oficina de la fiscal gambiana a Reuters.

Los Estados Unidos no son signatarios del Estatuto de Roma, documento que da origen a la Corte Penal Internacional, tribunal que procesa los casos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio que no están siendo procesados en otros tribunales nacionales. Esto no impide, sin embargo, que se haya abierto investigación en noviembre de 2017 sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán, lo que incluye la investigación de personal militar estadunidense de posibles actos de tortura cometidos durante las detenciones de sospechosos.

En el comunicado de la oficina de la fiscal de la CPI se dejó claro que ella ejercerá sus funciones imparcialmente: “La Oficina de la Fiscalía tiene un mandato independiente e imparcial bajo el Estatuto de Roma para la CPI. La fiscal y su oficina continuarán asumiendo ese deber legal con el mayor compromiso y profesionalismo, de forma imparcial”.

En ese mismo comunicado se declara que “es de nuestro entendimiento que [la revocación de la visa] no impactará en la posibilidad de la fiscal de viajar a los Estados Unidos para cumplir sus obligaciones a las Naciones Unidas, incluyendo los reportes regulares ante el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la revocación de la visa de la fiscal: “Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y proteger a nuestra gente de investigaciones y procesos injustos de la Corte Penal Internacional”.

“…Una de estas medidas que ha sido implementada restringe la emisión de visas estadunidenses a los funcionarios de la CPI que se consideran directamente responsables de cualquier esfuerzo de la CPI para conducir investigaciones formales de personal de Estados Unidos o de aliados sin el consentimiento del país correspondiente”.

El vocero dijo que no habrá “interferencia” con sus viajes por motivo de trabajo a la ONU, para lo cual se pueden tramitar visas diplomáticas. Sin embargo, advirtió que se debe hacer este trámite con tiempo: “Recomendamos que los solicitantes presenten solicitud tan pronto como sea posible para aumentar sus posibilidades de elegibilidad”.

La abogada Fatou Bensouda no es la única profesionista que en el cumplimiento de su deber ha sido “castigada” por los estados Unidos con la negativa de una visa. La misma semana pasada en los Países Bajos se reportó el caso del abogado Serge Weening a quien le negaron la visa por haber intervenido en la defensa en varios casos de terrorismo. Por este caso y otros, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos presentó una enérgica protesta a la administración Trump. “Es de gran importancia que los abogados puedan realizar sus trabajos de forma independiente y defender a sospechosos”, declaró el ministro neerlandés Stef Blok.

En The Washington Post se publicó un artículo de opinión sobre este tema titulado: Why does the Trump administration hate the International Criminal Court so much? (¿Por qué la administración Trump odia tanto a la Corte Penal Internacional?).

Más información africanews.com

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