Mediante una carta enviada esta semana, doce fiscales generales y un gobernador de estados republicanos de los Estados Unidos, han amenazado con demandar al comisionado de seguros de California, Dave Jones, por una política en contra del calentamiento global.
El Departamento de Seguros, California Department of Insurance, CDI, es un organismo de protección al consumidor con funciones que incluyen la supervisión de la solvencia de los aseguradores, de los agentes y corredores de seguros, la realización de revisiones de conducta del mercado, la resolución de quejas de los consumidores y la investigación y enjuiciamiento del fraude de seguros. Su comisionado, actualmente Dave Jones, es elegido mediante votación popular.
La política que está siendo atacada por los republicanos es la llamada Climate Risk Carbon Initiative, que obliga a las compañías de seguros que están haciendo negocios en California, informar sobre sus inversiones en combustibles fósiles. Esta información es subida a una base de datos pública que inició operaciones a principios de este año.
El objetivo es que los inversionistas, los asegurados, los reguladores y el público en general pueda saber hasta donde las aseguradoras han invertido en la economía del carbono. En esta iniciativa se sugiere, pero no se exige, que las aseguradoras dejen de invertir en la industria del carbón térmico, el mayor contribuyente al cambio climático en los Estados Unidos. La iniciativa aplica a aseguradoras que hacen negocios en California y que recaudan 100 millones de dólares o más, en primas a nivel nacional.
El razonamiento detrás de esta política es que, en la medida en que el mundo se está moviendo hacia fuentes más limpias de energía, los inversionistas en combustibles fósiles perderán dinero y solvencia. Se trata de una política que está en consonancia con la ambiciosa agenda de California en contra de la contaminación y del cambio climático, que impulsa el cambio a energías limpias.
No todos están de acuerdo con esta agenda de California. A nivel federal, el gobierno, además de haber anunciado su retiro del Acuerdo de París, ha puesto a la cabeza del organismo de protección al medio ambiente, Environmental Protection Agency, EPA, a un cabildero de las empresas de combustibles fósiles, Scott Pruitt. Así que no es de extrañarse que los estados republicanos hagan segunda al negacionismo federal del cambio climático.
Los trece estados que firmaron la carta dirigida a Dave Jones, dicen que la iniciativa equivale a “un intento de regular la industria energética de la nación”, y que la solicitud de cambiar las inversiones “es el equivalente a un compromiso de lealtad para refrenarse de futuras inversiones en carbón”. De esta forma, acusan a Jones de estar impulsando “políticas sin relación con la regulación de seguros” y de “usar su oficina para promover causas sociales”.
“Si continúa haciendo un llamado hacia la desinversión y solicita revelaciones discriminatorias de inversiones de combustibles fósiles, nos veremos obligados a considerar áreas legales de solución disponibles”, escribieron los fiscales generales de Oklahoma, Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Indiana, Luisiana, Missouri, Montana, Texas, Utah, Virginia del Oeste y Wyoming, así como el gobernador de Kentucky, Matt Bevin.
Esta iniciativa fue lanzada en enero de 2016, pero es hasta ahora que los fiscales generales de estos estados, cuyas economías se basan en petróleo, carbón y gas, amenazan con proceder legalmente. Se presume que han elegido este momento en que la opinión pública está muy atenta del cambio climático y al daño de los combustibles fósiles y de la mala reputación que las empresas petroleras siguen ganando.
El tiempo dirá si la trumpiana amenaza de demandar es cumplida, pese a las pocas bases legales que tendría una acción legal de esta naturaleza.
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