El martes de esta semana, durante una entrevista, la canciller alemana Angela Merkel anunció que no permitirá que los 1.4 millones de ciudadanos turcos que viven en su país voten en referéndum convocado por el presidente Recep Tayyip Erdogan sobre la reinstauración de la pena de muerte en Turquía.
“No daremos permiso para algo a lo que no estamos obligados y cuyo contenido rechazamos tajantemente, por ejemplo, la pena de muerte”, declaró la canciller a la televisora WDR.
El mes pasado, en Turquía se celebró un referéndum en el que la mayoría aceptó otorgar mayores poderes al ex primer ministro y ahora presidente Erdogan. Los ciudadanos turcos residentes en Alemania votaron en casillas especialmente creadas para tal fin. Incluso se generó controversia porque funcionarios turcos hicieron campaña a favor de Erdogan en territorio alemán, lo que no fue del agrado de las autoridades.
Poco después de ese ejercicio que le dio la victoria, el presidente anunció que celebrarían un segundo referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, abolida en 2004.
La abolición de la pena de muerte fue uno de los compromisos que Turquía aceptó para lograr su ingreso a la Unión Europea. Así, la reinstauración de esta figura equivale a asegurar definitivamente que ya no le interesa ingresar al bloque europeo.
Para el presidente Erdogan, la pena de muerte podría ser la forma más efectiva de silenciar y apaciguar a sus opositores que intentaron un golpe de estado en julio de 2016. A raíz de este evento, se han despedido a miles de funcionarios públicos, incluidos jueces y fiscales, muchos de los cuales han solicitado a Alemania asilo político, país que, en algunos casos, lo ha concedido.
Respecto de la prohibición de que los turcos participen en Alemania en un referéndum sobre la pena de muerte, la división de investigación del Bundestag, Parlamento alemán, efectuó un estudio para encontrar el fundamento legal a tal prohibición.
En el estudio se concluye que el gobierno alemán no solo tiene la facultad legal de prohibir el establecimiento de casillas especiales para el ejercicio de ese voto, sino incluso la facultad de bloquear el voto en consulados y embajadas.
Es más, el gobierno tiene “el deber de rehusar” si el asunto a ser votado se refiere a “una norma constitucional inviolable, reconocida por el derecho internacional”.
Como las votaciones de países extranjeros efectuadas en Alemania deben ser aprobadas antes por el gobierno alemán, Turquía debe hacer una petición oficial para que se permita el voto. Hasta el momento, sin embargo, no se ha recibido una petición formal del gobierno turco para este fin, lo que no ha impedido que el gobierno se muestre categórico sobre este asunto.
Así, haciendo eco de las palabras de la canciller, el ministro asuntos exteriores, Micheal Roth, dijo que “el gobierno federal no apoyará ninguna iniciativa para introducir la pena de muerte”.
De realizarse el referéndum, veremos si el gobierno alemán puede impedir legalmente las votaciones en consulados y embajadas.
Más información thelocal.de
miabogadoenlinea.net
Se permite la reproducción parcial o total, con crédito a miabogadoenlinea.net
