Después de que el pasado 20 de julio se declarara en Turquía el estado de emergencia tras el fallido intento de golpe de estado del fin de semana pasado, el vocero del gobierno anunció que durante este tiempo se suspenden las obligaciones contraídas en la Convención Europea de Derechos Humanos, CEDH, en aplicación del artículo 15 de dicho documento.
En declaraciones ante l prensa, Numan Kurtulmuş, primer viceministro y vocero del gobierno, dijo: “Francia proclamó un estado de emergencia también. Y han suspendido la CEDH con fundamento en el artículo 15 de la Convención”.
“La declaración de un estado de emergencia no es contraria a la CEDH”, añadió el funcionario.
El mencionado artículo 15 establece: “En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional”.
El mismo artículo dispone que no se suspende el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, ni el principio que establece que no hay pena sin ley.
Desde el pasado 20 de julio se impuso en Turquía el estado de emergencia por un periodo de 3 meses, después de que el gabinete y el presidente lo hubieren autorizado tras haber escuchado la opinión del Consejo de Seguridad.
Bajo este estado se limitan ciertas libertades y derechos. De esta forma, los periodos de detención se extienden más allá de las 48 horas que usualmente son el límite máximo de duración de una detención.
Las autoridades podrán imponer toques de queda, prohibir el libre tránsito de personas y de reunión en ciertos lugares y a ciertas horas, además de que se autoriza la revisión de personas, vehículos y propiedades, así como el decomiso de lo que sea considerado evidencia. Las personas deberán portar su identificación oficial en todo momento.
Asimismo, las autoridades podrán prohibir la impresión, publicación, distribución y copia de ciertos periódicos, revistas, panfletos, libros y folletos y estarán facultados para decomisar estas publicaciones. También podrán limitar la libertad de expresión tratándose de grabaciones de audio y video, presentaciones en teatro, películas e incluso la transmisión de noticias.
La policía y ejército quedan autorizados a disparar contra toda persona que no obedezca su llamado a detenerse o que intente abrir fuego en su contra, sin que necesariamente enfrenten cargos por ello.
El parlamento es el órgano encargado de extender o limitar el estado de emergencia y de prorrogar su vigencia en caso de considerarlo necesario.
Sobre este tema, Numan Kurtulmuş añadió: “Quiero asegurar que los derechos y libertades fundamentales y que la vida diaria no será afectada por esto. Nuestros ciudadanos se deben sentir seguros al respecto”.
El último estado de emergencia de Turquía se decretó en varios lugares al sur de país y duró de julio de 1987 a noviembre de 2002.
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