Esta semana inició con la decisión judicial en Zimbabwe para eliminar los cargos en contra de Jestina Mukoko y otros activistas a favor de los derechos humanos, detenidos en diciembre pasado y a quienes se les canceló la libertad bajo fianza en mayo pasado.

El juez encargado del caso eliminó los cargos tras escuchar la declaración de la activista, acusada de elaborar un complot en contra del presidente Robert Mugabe, respecto de la tortura que sufrió. El juez declaró que debido a estas actuaciones de las autoridades encargadas de su detención, se le habían violado sus derechos constitucionales.

Los analistas estiman que esta decisión contribuirá a liberar presión de la complicada situación política en Zimbawe.

Pero mientras en Zimbabwe se hacía justicia, en Somalia ejecutaron a dos personas en la vía pública, acusadas de espiar a favor de la CIA y de la Unión Africana.

El juicio fue efectuado por el grupo islamista denominado al-Shabab que controla ciertas ciudades del país y que pretende imponer la Sharia en esas zonas. Ya en oportunidades anteriores había sancionado a otras personas con azotes y amputaciones, pero es la primera vez que la decisión del tribunal erigido por ellos sentencia a la ejecución pública que se efectúo en Mogadiscio, capital de Somalia, y se piensa que ha sido como respuesta a los recientes ataques de los Estados Unidos al país.

Por otro lado, la semana pasado inició el juicio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del ex ministro de planificación Augustin Ngirabatware a quien se acusa de genocidio, incitación directa y pública a cometerlo, así como de crímenes contra la humanidad que incluyen asesinato, exterminio, violaciones y actos inhumanos cometidos contra miembros de la etnia tutti.

Este Tribunal está establecido en la ciudad de Arusha en Tanzania y su objetivo es juzgar, dentro del proceso de reconciliación, los hechos sucedidos en 1994 en contra de la etnia tutti.

Fuente BBC Mundo y ONU

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