Las reformas constitucionales relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y en ellas se estableció que a más tardar el 28 de mayo de 2016 debían aprobarse las leyes generales que dieran sustento al sistema, además de la consecuente adecuación de la disposiciones necesria para el funcionamiento del mismo. Como el poder legislativo no dio cumplimiento  a tiempo a esta disposición, se abrió un periodo extraordinario en el que se están discutiendo estas y otras leyes.

El 15 de junio, la Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3. La iniciativa de esta ley obligaba a los servidores públicos a hacer público todo el contenido de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, pero la iniciativa no se aprobó en esos términos.

Respecto de la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos, en la ley aprobada, el artículo 29 se establece que “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

Esta misma disposición encomienda al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 constitucional, para que, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emita los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar estos derechos “queden en resguardo de las autoridades competentes”.

Con esta redacción ya no queda a discrecionalidad del servidor público qué parte de sus declaraciones se hacen públicas, sino que esto será establecido por el Comité coordinador al aprobar los formatos de declaración correspondientes.

Desde mi punto de vista la propuesta ciudadana de la Ley 3 de 3 y que fue respaldada por el PAN y el PRD implicaba un problema de constitucionalidad en relación con la protección de los datos personales del servidor público e inclusive de sus dependientes, tema que fue abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo en revisión en 2014.

En aquella ocasión un ciudadano pidió copia de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados, misma que le fue negada con fundamento en el artículo artículo 40 tercer párrafo de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, que establece que “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

En contra de esta resolución el ciudadano promovió juicio de amparo indirecto alegando la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 40, mismo que le fue negado, por lo que promovió recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, que remitió el asunto para conocimiento de la Suprema Corte de justicia de la Nación.

Al resolver el amparo, la Suprema Corte concluyó que el tercer párrafo del artículo 40 es constitucional, ya que el derecho a la información no es absoluto y tiene límites, como son  la protección de la vida privada y los datos personales previstos en los artículos 6º, fracciones I y II , y 16, párrafo segundo.

Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales.

La Suprema Corte destaca que la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es de carácter eminentemente personal y privada, en la medida que dichos servidores, como cualquier persona, tienen datos que los identifican y en otros casos los hacen identificables.

Por lo que, dice el máximo tribunal, “los servidores públicos, tienen derecho a la preservación y protección de la información concerniente a sus datos personales y a su vida privada, como excepciones oponibles al derecho a la información”.

Además, como señaló uno de los ministros “no existe hasta el momento ninguna disposición constitucional ni de convención alguna, que pueda sostener o sustentar una distinción sobre la protección de los datos personales por ser un servidor público”, ni hay “un fundamento constitucional o convencional, para considerar que la ciudadanía está legitimada para conocer todos los datos de un servidor público, aun los de carácter personal”.

En este orden de ideas, habría resultado inconstitucional que los servidores públicos fueran obligados a hacer públicos sus datos personales, ya que constitucionalmente toda persona tiene derecho a la protección de los mismos, y el hecho de ser servidor público no priva de ese derecho fundamental.

Para que esto sucediera, la reserva debería haberse establecido en la Constitución política, pero hasta el momento no existe ninguna iniciativa al respecto.

Sin duda, una vez que la nueva legislación de responsabilidades administrativas se convierta en ley vigente, volverá a pasar por el tamiz de la Suprema Corte y se definirá si la misma respeta los derechos humanos de los funcionarios públicos.


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