Manos tras las rejas

Cuando yo era niño, una persona cercana a mi, robó de un supermercado unas tarjetas de felicitación para regalarlas en 14 de febrero. Los vigilantes del supermercado lo descubrieron y llamaron a su madre que tuvo que pagar las tarjetas. Cuando llegaron a su casa el joven recibió un regaño épico de parte de su madre, y de su padre también, que había tenido que dejar su trabajo para atender la emergencia. Si eso hubiese sucedido ahora, esa persona tal vez hubiese terminado en la cárcel al menos durante un mes.

Y es que los supermercado han adoptado una política de “tolerancia cero” al robo de mercancías más conocido como “robo hormiga”, especialmente en la Ciudad de México, ya que como ha destacado el diario La Razón de México la semana pasada más del 70% de las 7,000 personas que se encuentran en prisión por estos casos, están en las cárceles de esa entidad.

Con esa política de “tolerancia cero” las tiendas de autoservicio han llegado a extremos de obtener sentencias por robos de menos de 500 pesos de seis meses o hasta tres años de prisión, ya que el objetivo es obtener sentencias condenatorias como método de disuasión, no recuperar el valor de lo robado.

Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), los robos y saqueos en tiendas representan 13 mil millones de pesos al año, un 1.2 por ciento de las ventas totales de la industria de supermercados y tiendas departamentales, que son por más de 1.2 billones de pesos.

Entendemos la preocupación de las tiendas por el robo hormiga, pero al menos hasta hace algunos años, eran parte de sus costos al considerarse como parte de las mermas de mercancía. Desconozco si lo sigan considerando igual.

Sin embargo, al no hacer ningún tipo de distinción entre el joven que roba por “travesura”, el primo delincuente, el delincuente que padece de sus facultades mentales, el delincuente profesional y el robo de famélico o por hambre, los autoservicios están llevando las situaciones al extremo.

Por eso se han dado casos en que personas que padecen de sus facultades mentales, con discapacidad intelectual, o que cometen lo que se conoce como robo de famélico o de hambre, pasen en prisión más de 30 días por robos de 7, 20 o 100 pesos.

Aqui un paréntesis. El Código Penal Federal establece que robo de famélico o de hambre lo comete aquel que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento, y prevé que no se le castigará. Es de llamar la atención que algunas entidades el robo de famélico o por hambre ha desaparecido de los códigos penales, ese es el caso del Código Penal de la Ciudad de México.

Dentro de la política de “tolerancia cero” de las tiendas, se presiona a los ministerios públicos o jueces para que el delito se califique como agravado ya sea porque se cometió en lugar cerrado, que añade una pena adicional, o que existió violencia, sin tomar en cuenta las circunstancias de los casos o el monto de lo robado. El objetivo es que las personas no puedan llevar sus procesos en libertad.

Además, las tiendas no están dispuestas a utilizar los mecanismos alternativos para la solución de controversias en materia penal evitando llegar a un acuerdo reparatorio y otorgar el perdón porque lo que buscan con su política de tolerancia cero es que se aplique la pena máxima.

Aunque las tiendas están en su derecho de proteger su patrimonio y de establecer esa política de tolerancia cero, la realidad es que se trata de una política que sólo beneficia a las tiendas y a un puñado de abogados que han hecho de esta política su modo de vida, sin importar los costos que esto tienen para las personas, las familias y sobre todo para la sociedad.

¿Por qué esta política de las tiendas implica costos para la sociedad? Porque mantener encarcelada a una persona es un costo que tienen que asumir el estado.

En el estudio realizado por el doctor Guillermo Zepeda Lecuona llamado ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, con cifras de 2006, destaca que al estado mexicano una persona encarcelada le cuesta en promedio $140.00 al día entre alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, uniformes, mantenimiento, etc. Además habría que incluir el costo del ministerio público, el proceso penal, la defensa pública, y el trabajo social, que se calcula en $24,553.00.

Actualizando estas cifras a 2016 estaríamos hablando de un costo promedio mensual de persona encarcelada de $6,210.00 más el costo de su proceso que sería de $36,360.00.

Todo esto para “dar un ejemplo” e “imponer la máxima penalidad” por robarse menos de 500 pesos de una tienda.

Esta política de los supermercados está contribuyendo a la sobrepoblación de las cárceles por casos que podrían haberse arreglado fuera de tribunales, y también pueden estar contribuyendo a aumentar los índices de criminalidad porque todos sabemos que las cárceles son más universidades del crimen que centros de readaptación.

Pienso que esta política de tolerancia cero de las tiendas es un abuso del derecho en la que, por proteger sus intereses, están afectando a la sociedad y que por ello debe detenerse. Las tiendas deben distinguir entre los distintos casos que se presentan y tratarlos según las circunstancias, eso sería más benéfico para la sociedad.

Los robos hormiga no quedarían sin consecuencia porque existen mecanismos de justicia alternativa o se podría reformar la ley para que robos de baja cuantía impliquen arresto por 72 horas o trabajo comunitario.

Insisto, Tiendas,detengan su política de tolerancia cero.


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