El pasado 13 de agosto los pobladores del pueblo de San Antonio de Ebulá, en el estado de Campeche, fueron violentamente desalojados con el argumento de que ocupaban predios de propiedad privada de Eduardo Escalante Escalante.

Varios grupos y organizaciones de derechos humanos han denunciado estos hechos y refieren que los desalojados vivían en una comunidad que tenía el reconocimiento de población si bien no de manera oficial, sí mediante diferentes acciones gubernamentales de ayuda y prestaciones sociales como las de la Secretaría de Desarrollo Social o Salud.

Se menciona incluso que los habitantes de esta localidad, fundada en 1968, han estado llevando a cabo procedimientos para obtener su reconocimiento como localidad, pero que han encontrado obstáculos por parte de las autoridades municipales y estatales. Sin embargo desde 1991 el Instituto Federal Electoral reconoce como localidad a San Antonio Ebulá como consta en las credenciales para votar con fotografía de los pobladores.

Por su parte Eduardo Escalante asegura que esos predios son propiedad privada y que fueron invadidos por lo que su derecho fue el desalojar a los pobladores. Oficialmente el lugar es referido como “predio conocido como San Antonio Ebulá”.

 



Desde el desalojo la zona está resguardada por guardias de seguridad privada que no permiten que persona alguna se acerque o traspase los límites de la zona.

Durante el desalojo se reportaron 6 personas lesionadas y la pérdida de las propiedades de las 50 familias que ahí habitaban.

El gobierno de Campeche no ha actuado porque asegura que se trata de una situación entre particulares y que por tanto no tiene facultades para intervenir. Pero el asunto ya ha sido informado a numerosos organismos internacionales entre ellos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Desconocemos si existe algún juicio sobre las tierras o si el desalojo tenía fundamento en una orden judicial o si en el desalojo intervino alguna autoridad estatal o municipal. Jurídicamente se tendrá que resolver si en efecto la localidad tenía reconocimiento de población, si se les habían proporcionado servicios públicos, si aplicaron los términos de prescripción a favor de los pobladores. Además, se tendrá que definir si se presentan quejas ante Derechos Humanos, de haber intervenido autoridades, o demandas y denuncias ante el poder judicial estatal.

Mientras estas personas se quedaron sin vivienda, garantía constitucional,  por lo que el gobierno de Campeche sí debe intervenir desde ahora para resolver todas las cuestiones jurídicas y en su caso reubicar a estas personas y garantizar así sus derechos humanos.

Fuente Indignación y Tribuna

 
www.miabogadoenlinea.net