El conflicto entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y un hotel de Cancún no ha llegado a su fin en vista de que el dueño del hotel en cuestión, propiedad de un hermano del senador García Zalvidea, no ha acatado las órdenes de la Profepa para retirar las escolleras que instaló frente a su hotel y crear una playa privada.

Toda construcción en las playas está sujeta a autorización por tratarse de zona federal y en ella debe mediar la autorización de la Profepa por el impacto ambiental. En el caso en cuestión no se obtuvo permiso ni autorización ambiental y esa construcción está creando un daño ecológico a la zona.

Durante la última reunión que tuvo lugar el pasado 5 de agosto, los abogados del dueño del hotel acordaron con la Procuraduría que presentarían un programa final para retirar el espigón el cual sería analizado por las autoridades ambientales para verificar que no se ocasionaría mayor daño ambiental con las medidas propuestas.

Dicho documento se presentó el 12 de agosto y en ella los hoteleros proponían retirar el espigón y construir en su lugar una duna lo cual fue rechazado por la Procuraduría. En vista de lo anterior, el dueño del hotel se sigue rehusando a retirar la construcción que no nada más daña el ecosistema sino que podría poner en riesgo el programa de recuperación de playas de la zona.

Las querellas y denuncias interpuestas han seguido su curso pese a las negociaciones pues la Procuraduría anunció que hasta que no cambiara la situación legal, no se desistirían de sus acciones legales. En este sentido los responsables del delito ambiental que se está cometiendo podrían obtener hasta nueve años en prisión y hacerse acreedores a pagar una multa de hasta 3 mil días de salario mínimo según consta en el título vigésimo quinto del Código Penal Federal referente a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Fuente Profepa

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