Esta misma semana reportamos respecto de dos nuevos procesos de controversias constitucionales que se inciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Revisamos la base de datos de la Suprema Corte y encontramos que debido a la carga de trabajo, existen pendientes de resolución al 17 de agosto, 166 controversias constitucionales, en su mayoría iniciadas por diversos municipios en contra de sus poderes ejecutivo o legislativo.

Hasta hace algunos años las controversias constitucionales no fueron de gran relevancia. Es más, muchas de las controversias en materia política que surgieron desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917 entre los estados o entidades federativas, fueron resueltas en el Senado conforme a la atribución que se le confiere en la fracción VI del artículo 76 de la propia Constitución Política.

Respecto de la atribución que confiere el artículo 105 constitucional a la Suprema Corte de conocer de las controversias constitucionales, la Corte en un inicio decidió que era su atribución resolver cualquier conflicto que involucrara a cualquier poder de la federación, pero al hacerse de un gran número de conflicto de escasa importancia jurídica y económica, decidió mediante jurisprudencia en 1954 que solo le correspondería revisar los asuntos que afectaran los intereses fundamentales de la nación. El criterio volvió a cambiar en 1963 para regresar al primero.

Muchos de las controversias constitucionales que existen actualmente pendientes de resolución se deben a conflictos surgidos de diferencias políticas, por lo que con el cambio de poderes en algunos municipios de la República, como en el Estado de México, en donde el nuevo presidente municipal coincida en partido político con el gobernador es probable que se desistan de algunas de estas controversias.

Hasta el 17 de agosto existen 8 litigios en donde la Federación, ya sea el ejecutivo federal o el Congreso, son parte ya sea como actores o como demandados. Dos de estos casos son del Distrito Federal en contra del Congreso de la Unión.

Fuente SCJN

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