La semana pasada el Congreso del estado de Jalisco aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión que se legisle para incorporar la figura de la revocación de mandato en la Constitución mexicana y que los estados puedan incorporar esa figura en sus legislaciones locales.

En el acuerdo se destaca que la figura permite “empoderar al ciudadano, otorgándole la facultad de destituir a los representantes populares que no cumplen con su labor”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales las reformas que presentaron los estados de Yucatán y Chihuahua, mismos que incorporaron en sus respectivas constituciones la figura de revocación de mandato, por no estar contemplada en la Constitución.

En efecto, en la jurisprudencia de la Suprema Corte se establece que “si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, sólo se autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé” destacando que uno de esos medios es el juicio político, que al final tiene la misma consecuencia que la revocación de mandato, que es la destitución del servidor público.

El investigador Alan garcía Campos define la revocación del mandato como el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir a través de una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.

Para García Campos, a diferencia de otros procedimientos como el  juicio político, “la revocación del mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exige las garantías del debido proceso”.

Los que ven de forma favorable la revocación de mandato consideran que es una expresión de la soberanía popular y fortalece el sistema representativo tradicional.

Otros consideran que es un proceso que sólo divide y polariza a la sociedad y fomenta la tensión política, además de que tienen consecuencias contraproducentes porque si un representante que merecía ser destituido resulta triunfador del proceso, considera que tienen un voto de confianza convirtiéndole en una autoridad más irresponsable y arrogante.

El tema es muy controversial y aun esta lejos de ser discutido en el Congreso de la Unión.

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