Esta semana, de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir cuál es la naturaleza de los actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la vía adecuada para combatirlos, como es el caso de los cortes de la energía eléctrica.

Hace seis meses la Segunda Sala de la SCJN  emitió un criterio que establece que la CFE sí puede ser considerada autoridad para los efectos del juicio de amparo cuando lo que se reclama es el aviso recibo que expide la Comisión por consumo de energía eléctrica, así como el ajuste, cobro o corte del suministro.

Pero la Primera Sala tiene un criterio distinto que establece que los actos de CFE son mercantiles y que ésta debe ser la vía para combatirlos.

Ante esta contradicción de tesis de las dos salas, ahora el Pleno de la Suprema Corte deberá ponerse de acuerdo y definir cuál es la naturaleza de los actos de la CFE.

El proyecto que fue presentado el día de ayer establecía que los contratos que celebra CFE son de naturaleza administrativa y por tanto las controversias relacionadas con los actos relacionados con la prestación del servicio público son impugnables por medio del recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. este proyecto fue desechado por la mayoría.

Así, ahora se deberá de realizar un nuevo proyecto que recoja los puntos de vista de la mayoría y se someta a votación. Ese proyecto debe establecer cuándo la CFE es autoridad, cuándo actúa en el ámbito mercantil y cuál es la vía adecuada para impugnar sus actos.

Sin embargo, como lo señaló el ministro José Fernando Franco González Sala, ministro que elaboró el proyecto que fue rechazado,  lo que llegue a resolver la SCJN “será temporal y provisional”, porque la nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad, cambió la naturaleza jurídica de la CFE de un organismo descentralizado por una empresa productiva del Estado, regida por un régimen jurídico distinto; y que cambiará el criterio que se adopte una vez que entre en vigor plenamente la reforma energética.

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