Marinos mexicanos con George Bush

El presidente de la República anunció el pasado miércoles en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la intención de que el país participe en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de ese organismo, exclusivamente para crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad.

Posteriormente, en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta  participación podrá comprender personal militar o civil, cuya intervención "será gradual en términos cuantitativos" y en tareas como ingeniería, medicina, enfermería, de observación política, asesoría electoral y de derechos humanos.
Además esta participación sólo se dará en OMP aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y “al consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP”.

México ha participado ya en este tipo de operaciones en tres ocasiones: en los Balcanes de 1947 a 1950, en la segunda en la región de Cachemira, en la frontera entre India y Pakistán, en 1949, ambos casos en que se intervino con observadores militares. En la tercera ocasión se hizo con 120 policías en El Salvador, entre 1992 y 1993.

En 2004 se conformó la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Chile, Argentina y Brasil atendieron el llamado enviando elementos, pero México se limitó a mandar a personal del Instituto Federal Electoral (IFE) para capacitar a haitianos para el proceso electoral local de 2005 como lo hizo en Timor Leste en 2009.

Desde inicios de este siglo el tema sobre la participación de nuestro país en las operaciones de los llamados cascos azules ha sido discutido y analizado tanto por expertos como por legisladores.

La principal razón por la que México hasta ahora no ha participado es por principios constitucionales de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

Sin embargo los expertos consideran que estos principios están acorde con la Carta de las Naciones Unidas y que da sustento a las OMP, destacando que nuestro país sólo debe participar en aquellas misiones que cuentan con el consentimiento del Estado  o las partes en conflicto y que tienen objetivos como el monitoreo, observación o interposición.

El poder legislativo ya ha allanado el camino para que México pueda participar en las OMP, al aprobarse en el Senado de la República en febrero de 2005 una una reforma constitucional al artículo 76, fracción III, de la Constitución para que el presidente de la República sólo deba pedir autorización al Senado para la salida de tropas nacionales cuando se trate de acciones bélicas, debiendo únicamente informar al Senado en los demás casos.

Ahora sólo hace falta que el titular del ejecutivo federal reviva la minuta que lleva congelada  en la Cámara de Diputados nueve años, para que la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz sea una realidad sin ningún obstáculo.

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