Después que el huracán Odile pegara en Baja California Sur el pasado 15 de septiembre, se empezaron a dar los saqueos en los supermercados, ante la mirada contemplativa  de los militares destacados San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Este no es el primer desastre que vive nuestro país ni son los primeros saqueos. En Cancún hubo saqueos de comercios y casas después de que el huracán Wilma destrozó la ciudad en 2005.

También hubo saqueos en Acapulco hace un año cuando Manuel arrasó con la ciudad. En San José del Cabo y Cabo San Lucas los robos comenzaron casi de inmediato tras el paso del huracán el 15 de septiembre.

En un principio los saqueadores se lanzaron sobre las tiendas Oxxo y otras tiendas pequeñas, pero después los objetivos fueron los grandes supermercados, y peor aun, casas y departamentos particulares.

En la gran mayoría de los casos no se trata de saqueos por la necesidad de alimentos, sino que es evidente el robo de lavadoras, estufas, refrigeradores, televisores, inclusive en el caso de las tiendas Walmart en estas ciudades se llevaron cajas registradoras, terminales de pago, cables de sistemas, cables de cobre y otros equipos básicos sin los cuales se hace imposible la operación de estas tiendas en el corto plazo, con los problemas de abasto que ello implica.

Es robar por robar, aprovechar la circunstancia en la que la zona de desastre se convierte en una tierra de nadie, sin ley, en la que sobreviven los más fuertes o los que se unen a los grupos de vándalos.

Los legisladores hicieron un fuerte llamado a las autoridades para que se restableciera el orden en Los Cabos señalando que estos actos de rapiña pudieron evitarse pues el fenómeno meteorológico fue muy anunciado y hubo tiempo suficiente para tomar medidas preventivas.

Pero evitar que se presenten saqueos y rapiña en las zonas de desastre no sólo está en manos del ejecutivo federal sino de los legisladores que desde hace más de dos años debieron de haber legislado para crear la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías.

En esta revista electrónica hemos reiterado que en nuestro país se hace necesario reglamentar la suspensión de garantías, como sucede en otras naciones.

En Chile, por ejemplo, la Constitución contempla la suspensión de distintas libertades, garantías individuales o derechos humanos como nosotros los identificamos, en cuatro distintos supuestos, a los que se denominan “estados de excepción”. Uno de esos estados de excepción es “el estado de catástrofe”, en donde “el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”.

En el poder legislativo existen ya cinco iniciativas para dar origen a esta ley reglamentaria: la presentada por el ejecutivo federal, dos presentadas en el Senado y dos presentadas en la Cámara de Diputados.

Pero no se ha podido avanzar en el proceso legislativo. El 28 de abril debió de haberse discutido el tema en el pleno de la Cámara de Senadores, pero ante las críticas, retiraron el asunto de la agenda.

El Congreso de la Unión no puede dejar pasar más tiempo para discutir el tema porque los desastres naturales en nuestro país cada vez serán más frecuentes por el cambio climático.

Es momento de superar el 68 y sentarse a discutir de forma inmediata sin apasionamientos, sin sospechas, sin cargas ideológicas y libres de traumas la regulación de la suspensión de garantías, en beneficio de los ciudadanos que terminan siendo las víctimas de la inactividad de los legisladores.

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