El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, está llevando a cabo una licitación para aumentar la capacidad de un sistema de vigilancia técnica que pertenece y es operado por la Secretaría de Seguridad Pública federal de nuestro país.

 

Así lo informó Nextgob, un sitio que analiza temas de tecnología y gobierno, y se puede comprobar en la página Federal Business Opportunities, una base de datos del gobierno federal de Estados Unidos, en donde se pueden consultar las adquisiciones que va realizar y que es un equivalente al COMPRANET, del gobierno mexicano.

 

Según los documentos de la licitación, la finalidad de aumentar la capacidad del sistema es proporcionar al “Gobierno de México la capacidad para interceptar, analizar y utilizar la información interceptada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México. En conjunto con el sistema original la capacidad adicional requerida ayudará a continuar la disuasión, prevención y mitigación los principales delitos federales en México, que incluyen el tráfico de narcóticos y el terrorismo, permitiendo la recepción oportuna, tratamiento, análisis y almacenamiento de las comunicaciones de la telefónica nacional y otros proveedores de servicios de comunicaciones”.

 

El sistema ampliará la capacidad del sistema actual de 33 a 107 estaciones de trabajo que permite a la Secretaría de Seguridad Pública monitorear y analizar voz, video y datos de múltiples objetivos en todo tipo de redes de comunicación. El equipo será entregado al Gobierno de México, quien será responsable de su disposición incluyendo la gestión de licencias y mantenimiento después del período inicial.

 

El sistema adicional debe tener una capacidad mínima de almacenamiento de un 1 TB para el audio de llamadas y contenido IP, y una base de datos de llamadas y la información relacionada con IP de al menos 50 millones de archivos.

 

El equipo actual de la SSP al que se está ampliando la capacidad, puede proporcionar información geográficamente referenciada (GIS) de las llamadas de celular permitiendo determinar el área aproximada desde donde se ha realizado la llamada y es capaz de intervenir llamadas telefónicas, mensajes SMS, faxes, emails y chats.

 

Este es el segundo contrato que el Departamento de Estado ha financiado para intervenir las telecomunicaciones en México. Nextgob  reporta que en febrero del 2007, el gobierno norteamericano otorgó un contrato de 2.9 millones de dólares a Verint, por un sistema conocido como “sistema de intercepción de comunicaciones” para equipar a otra entidad del gobierno mexicano, la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Policía Ministerial.

 

Ese sistema es capaz de interceptar sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica así como servicios telefónicos de VoIP en México con capacidad para almacenar en línea 25.000 horas de llamadas y esta diseñado para interceptar correos electrónicos, Internet Relay Chat y transferencia de archivos.

 

Según el contrato de esa licitación que presenta Nextgob, el sistema puede “interceptar llamadas de destino y las sesiones de la red  de TELMEX, TELCEL, NEXTEL, TELEFÓNICA, UNEFON, IUSACEL, comunicaciones VoIP, paquetes de datos en la red  PRODIGY, decodificación de fax, decodificación de paquetes de datos, almacenamiento de por lo menos 25.000 horas de llamadas, almacenamiento de todas las sesiones de información relacionada, y el seguimiento de localización celular. Las capacidades deben incluir TDMA, GSM, CDMA, iDEN, AMPS, PCS, fax teléfono fijo, correo electrónico, chat, Internet, SMS y VoIP”.

 

El sistema de la AFI también permite localizar la posición de un celular ya que cuenta con la base de datos de la ubicación de las celdas de red de cada uno de los operadores, incluyendo identificación del servidor, identificador de celda, Latitud, Longitud y lo que se denomina DatumID.

 

Se podría argumentar que  la adquisición de estos sistemas forma parte del plan Mérida, pero  la iniciativa se anunció en octubre de 2007 y se aprobó como ley en Estados Unidos en junio 30 de 2008, y el equipo de la SSP que se va a actualizar se adquirió en 2006 y el de la AFI en febrero de 2007. Es de destacar que aunque siempre han existido las intervenciones telefónicas, las facultades de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República para llevar a cabo intervenciones telefónicas, previa autorización judicial, fueron actualizadas hasta 2009.

 

Como hemos visto, estos equipos para intervenir todo tipo de comunicaciones permite la geolocalización de un teléfono móvil, y desde el 2007 este ha sido un tema que ha preocupado a un sector de la sociedad mexicana, impulsándose primero el RENAUT, que fue saboteado por el gobierno federal, y ahora con las reformas en materia de geolocalización, cuando al menos desde 2006 el gobierno mexicano cuenta con la capacidad tecnológica para hacerlo por si mismo.

 

Tal vez por eso los operadores cuestionaron que se les impusieran más obligaciones en el RENAUT, siendo que han entregado al gobierno de México la información necesaria para que pueda determinar la geolocalización de un móvil con sus propios equipos.

 

Estos equipos pueden ser usados para lo más diversos fines, adicionales al combate al crimen organizado,  como lo muestra el caso de las escuchas ilícitas del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, que se realizó con un equipo también donado por Estados Unidos, según señala un editorial de Electronic Frontier Foundation publicado en Al Jazeera, en donde se analiza esta operación entre México y Estados Unidos.

 

Por la capacidad de almacenamiento que tienen estos sistemas, demuestra que sin duda las comunicaciones en México fueron, están siendo y serán monitoreadas a pesar de que no existía el marco legal adecuado o no se cuente con la autorización de un juez.

 

Habrá que considerar que pidieron a cambio las autoridades norteamericanas por la donación de estos equipos a nuestro país.

 

 

Más información en nextgov.com

 

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