La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación decidió ejercer su facultada  de atracción para conocer de cuatro juicios de amparo que está conociendo el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para  analizar los mecanismos para cumplir o suplir la obligación de los médicos de informar a los pacientes sobre los riesgos o beneficios del acto médico que se autoriza.

 

Estos amparos fueron generados por una persona a la cual se le diagnosticó artritis séptica de cadera en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por lo que se le practicó una cirugía de reemplazo articular (prótesis). Antes de la intervención la paciente firmó una carta responsiva proporcionada por el Instituto, organismo público, consintiendo de forma genérica los riesgos que implicaba la cirugía y autorizó al personal de la institución para que actuara “con libertad prescriptiva bajo los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.”

 

Durante la intervención se produjo una lesión del nervio ciático, lo que provocó cierto grado de incapacidad. La paciente demandó al Instituto y a los médicos responsables el pago de daño moral y de responsabilidad civil por daño corporal. El juez de primera instancia absolvió a los codemandados y, en apelación, la Sala Civil revocó lo sentencia y resolvió a favor  de la quejosa condenando al pago de la indemnización de daño moral y físico derivado de la responsabilidad civil subjetiva en que incurrieron.

 

Los médicos y el Instituto promovieron juicios de amparo.  El Tribunal Colegiado otorgó un primer amparo para efectos y, en cumplimiento, la Sala responsable volvió a condenar a los codemandados. Inconformes con el nuevo fallo los codemandados y la paciente interpusieron los juicios de amparo que fueron atraídos por la Primera Sala.

 

La decisión que tome la Primera Sala contribuirá a fijar un criterio normativo para casos futuros en los que se analice la regulación médico-paciente, en particular en lo relativo al consentimiento informado que estos deben otorgar para las intervenciones quirúrgicas.

 

Asimismo se podrán analizar los alcances de la carta de consentimiento cuando un paciente ingresa a un hospital o es sometido a un procedimiento de cirugía mayor.

 

Finalmente, se podrá analizar si la falta de consentimiento informado puede ocasionar daño moral en sí mismo o se requiere de una actuación negligente por parte de los médicos para que se actualice dicho supuesto.

 

El consentimiento informado o “Informed consent” es un término que se acuñó en los tribunales de Estados Unidos y que tiene su antecedente en 1767 como un documento médico-legal cuando unos ortopedistas al atender una fractura que estaba siendo tratada con vendajes, refracturaron la pierna y utilizaron un aparato experimental para alinearla y estirarla. El paciente interpuso una acción legal contra estos ortopedistas y la Corte falló a favor del paciente diciendo: “es razonable que un paciente debería ser informado de lo que se le va a realizar, para que se arme de valor y se haga cargo de la situación, de modo que pueda afrontar la operación”.

 

 

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