El pasado miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo que promovió una sociedad de convivencia que vive en el Distrito Federal y que impugnó la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de inscribir en el Instituto a uno de los integrantes de la sociedad de convivencia.

 

El quejoso promovió juicio de amparo en contra de un oficio del Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto que negó la inscripción pero el asunto fue desechado por el juez, al considerar notoriamente improcedente la demanda, ya que equipara la relación entre el Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, a actos meramente particulares e internos de la citada autoridad y los peticionarios de garantías, en los que el Instituto no actúa con una potestad de imperio.

 

Sobre este tema no existe un criterio específico, sumado a que la demanda plantea la interpretación directa de los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Federal, en relación con la posible violación a diversos tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos.

 

En agosto de 2010, la Corte confirmó su decisión de que los 31 estados del país deben reconocer oficialmente los matrimonios que celebren homosexuales en el Distrito Federal, pero no se pronunció sobre las consecuencias legales que tendrían estas uniones, por lo que la Corte se ha pronunciando caso por caso, cuando le llegan asuntos sobre divorcios, defunciones, herencias, pensiones o patria potestad, entre otros.

 

En el Congreso de la Unión se continúa analizando una iniciativa de  reformas a la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que posibilita que las parejas del mismo sexo se aseguren en estos institutos.

 

 

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