Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalido el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Tulum, Quintana Roo, que incluye la regulación del Parque Nacional y la zona de monumentos arqueológicos Tulum-Tankah y que avalaba la construcción de casas habitación e inmuebles turísticos en la zona.

 

El asunto se inició con una controversia constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra de los Municipios de Solidaridad y de Tulum, ambos del Estado de Quintana Roo, demandando la invalidez del acuerdo de 5 de abril de 2008 que aprobó el programa de desarrollo urbano.

 

Por unanimidad el pleno de la corte declaró la invalidez del programa sólo en cuanto a la incorporación y regulación del Parque Nacional Tulum y la zona de monumentos arqueológicos Tulum-Ttancah, ya que la regulación y protección es facultad de la federación y no del municipio.

Lo anterior toda vez que las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgan a la Federación un poder de dirección en la materia, dada la naturaleza jurídica de los bienes en cuestión, que son bienes nacionales sujetos al régimen del dominio público federal.

 

Esta decisión evitará que se siga construyendo en la zona del parque nacional, con obras que afectan el entorno ecológico e inclusive a los centros arqueológicos.

 

En los próximas sesiones se discutirá que efectos tiene esta declaración de invalidez, ya que actualmente existen en las 664 hectáreas que abarca el Parque Nacional 180 predios ocupados, con distintos usos de suelo. A este respecto el proyecto señala que las construcciones y asentamientos humanos irregulares en la zona, no puede llegar al extremo de convalidar la inconstitucionalidad de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum, 2006-2030, y los tres niveles de gobierno involucrados deberán resolver el destino de tales construcciones y asentamientos humanos.

 

El asunto seguirá siendo revisado esta misma semana.

 

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