Tal vez nadie recuerde a Joel Meneses Hernández, abogado defensor de Sergio Barraza Bocanegra, quién fue acusado del homicidio de la joven Rubí Frayre y presunto autor intelectual del asesinato de Marisela Escobedo.

 

Cuando aún era defensor de oficio de Barraza, interpuso un amparo en contra de la sentencia condenatoria en el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, mismo que “para aligerar su carga de trabajo,” lo envió el 28 de marzo al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Sexta Región, en la capital de Chihuahua.

Ahora el abogado está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción del amparo directo, al considerar que tiene características jurídicas excepcionales que permitirían a la Corte pronunciarse sobre diversos aspectos del sistema de juicios orales.

El ex defensor alega que, por los argumentos que planteó en su amparo, la Corte podría interpretar directamente los principios de inmediación y contradicción, previstos en la reforma Constitucional de junio de 2008 que estableció los juicios orales en México.

 

Como consecuencia de cumplir con su deber como servidor público, defensor de oficio y abogado, Meneses está separado de su cargo por un procedimiento administrativo que le inició la Contraloría General del Estado de Chihuahua. 

 

Para Meneses en el caso de Barraza Bocanegra lo que está en juego, es el Nuevo Sistema Penal Adversarial ante la errónea idea de que no está funcionando. Si llevan el sistema como lo están haciendo, dice Meneses, vamos a regresar al sistema tradicional, donde las autoridades van a poder hacer lo que quieran y como quieran, convirtiendo otra vez a la confesión en la reina de las pruebas y la prisión preventiva en la regla y no la excepción. Sin pruebas suficientes les van a dictar cadena perpetua, dando al traste con el sistema adversarial y  el derecho a la libertad.

 

Para el abogado el caso Rubí sacó a flote las deficiencias que tiene la policía municipal, la Ministerial y en general la institución estatal encargada de la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes para realizar una investigación científica que lleva a recabar pruebas que de manera indubitable acrediten la existencia de los delitos y la responsabilidad plena de los verdaderos responsables en su comisión.

 

Según Meneses Hernández ahí está la falla para acabar con la impunidad. “Dar marcha atrás en la implementación del Sistema Penal Adversarial para volver al viejo modelo procesal, no hará más eficaz la obtención de las pruebas idóneas en la investigación de los delitos en general” concluye.

 

Y ese problema no sólo se esta presentando en Chihuahua, sino en los siete estados que ya aplican en nuevo sistema penal.

 

Hasta ahora, la Suprema Corte no ha resuelto sobre el tema, lo que indica que la petición no ha sido desechada.

 

Chihuahua fue uno de los primeros estados en adoptar el Nuevo Sistema Penal Adversarial, incluso antes de la reforma federal.

 

En ese estado la defensoría de oficio no es autónoma, ya que depende directamente del poder ejecutivo del estado, siendo parte cusadora y defensora en los asuntos penales.

 

Conforme a la fracción III del artículo 9 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, corresponde a los Defensores Públicos, tramitar los recursos procedentes y solicitar, en su caso, los beneficios que concedan las leyes y en general, hacer todas las gestiones que favorezcan a su representado, incluyendo la interposición del  juicio de amparo cuando se requiera.

 

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