El mes pasado reportamos en este espacio sobre la controversia constitucional que interpuso el municipio de Tultepec en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), porque excluyó 11 comunidades de la localidad en los resultados del censo 2010, y se los adjudicó a los municipios de Tultitlán, Nextlalpan y Cuautitlán-México, a pesar de que el Congreso del Estado de México no ha resuelto el conflicto territorial sobre los mismos.

 

Pues el estado de Quintana Roo también interpuso una controversia constitucional contra el INEGI por las mismas causas. Quintana Roo alega en su demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Instituto adjudicó 191 comunidades al estado de Campeche, a pesar de que el conflicto territorial aún no ha sido resuelto.

 

El problema se inició en 1997 cuando Campeche creó el municipio de Calakmul, afectando comunidades que Quintana Roo asegura son parte de su territorio. Pero en ese conflicto entre Campeche y Quintana Roo también participa Yucatán, quien pelea territorio con los dos estados.

 

En esa época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la facultad de resolver estas controversias, pero en diciembre de 2005 entró en vigor una reforma a la Constitución Política, que establecía en sus artículos transitorios que la Cámara de Senadores asumiría la atribución de emitir los decretos mediante los cuales se declaraban aprobados los convenios amistosos logrados por las entidades federativas en materia de controversias limítrofes, creando la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado de la República.

 

En esos mismos transitorios se estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía proceder a remitir al Senado los expedientes jurisdiccionales radicados ante ella con motivo del litigio de los asuntos sobre cuestiones limítrofes entre las partes de la Federación.

 

En ese entendido la Suprema Corte entregó los expedientes de la documentación relativa a las controversias constitucionales al Senado de la República.

 

Hasta el momento el Senado no ha resuelto el conflicto, y aun más, se está promoviendo una reforma al artículo 46 Constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca, sustancie y resuelva con carácter inatacable, los conflictos sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, a petición de parte, y por la vía de la controversia constitucional en los términos del artículo 105 fracción I de la Constitución.

 

Después de más de trece años, el conflicto territorial aún no se soluciona.

 

La decisión del INEGI reduce a Quintana Roo 27 mil 581 ciudadanos, afectando el monto de las participaciones federales que recibe el estado.

 

Más información en El Universal