El pasado 23 de agosto de 2010 la Secretaría Educación Pública y la Secretaría de Salud publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica” que tiene por objeto promover que en las escuelas de educación básica todas las bebidas y alimentos disponibles contribuyan a una dieta correcta con opciones saludables.

 

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (DDI), de la UNICEF informó que impugnará 700 de los alimentos “autorizados” para consumo de niños en escuelas públicas por ser contrarios a las recomendaciones del gobierno federal, “y contravienen el derecho a la salud”.

 Los alimentos industrializados incluidos en esa guía cumplen con las características nutrimentales establecidas en el anexo único de los lineamientos y son registrados en forma voluntaria por los productores, y si cumplen con los criterios nutrimentales la Secretaría de Salud los incluye en la lista.

La DDI considera que  “no se combatirá eficientemente la obesidad infantil, mientras se permita el consumo de alimentos con cargas calóricas superiores al ejercicio diario que realizan”.

 

Esta declaración tal vez se deba a que los lineamientos contemplan productos que aunque cumplen con características nutrimentales sanas, sustituyen un alimento o sólo deben consumirse una vez a la semana (botanas, galletas, pastelitos, confites y postres) o dos veces a la semana (leche semidescremada, yogurt sólido o bebible, alimentos lácteos fermentados, jugos de fruta, verdura o néctares de preferencia libres de edulcorantes no calóricos) para no rebasar el contenido energético diario del refrigerio.

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Es por ello que los lineamientos no son en realidad el instrumento normativo para impedir el consumo de estos alimentos, ya que no puede evitar que los niños los consuman en más de una porción y en más de una ocasión a la semana. Esa obligación es de los padres.

 

Y el estado debe educar al consumidor implementando medidas que desalienten el consumo de aquellos alimentos que producen obesidad o cuya ingesta excesiva resulta dañina. Tal vez, incluyendo advertencias como “el consumo excesivo de este alimento genera obesidad” o restringir la publicidad de los mismos. Así se ha hecho con el tabaco.

 

Medidas de este tipo ya han sido implementadas en otros países. En España se ha propuesto que se prohíba que en la venta de menús infantiles se entreguen regalos a los niños, a fin de evitar que consuman comida rápida por el incentivo del juguete y el año pasado en Gran Bretaña se implementaron medidas en contra de la publicidad de comida chatarra en la televisión en los horarios infantiles, a fin de desincentivar su consumo por parte de los niños.

 

En cambio, en nuestro país no hemos podido impedir que empresas como Bimbo realicen publicidad engañosa al vender pan integral como 100% integral, cuando no utilizan trigo integral, sino harinas procesadas que son muy dañinas para las personas diabéticas y que favorecen la obesidad, casualmente dos de las enfermedades que aquejan a la gran mayoría de la población de nuestro país.

 

Si el Estado no toma medidas a tiempo podríamos llegar al extremo de Inglaterra en donde Paul Mason demandó al sistema de salud por no atender adecuadamente su sobre peso.

 

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