En secundaria de Piedras Negras, Coahuila, un policía agredió a un estudiante en el marco de la revisión de mochilas. ¿Es el operativo legal?
La semana pasada, en una secundaria de Piedras Negras, Coahuila, se suscitó un incidente en el marco del operativo denominado Mochila Segura, en el que un policía dio de cachetadas a un estudiante de 15 años que se negaba a mostrar el contenido de su mochila o bolso.
Con información de tiempo.com.mx, los hechos ocurrieron la semana pasada, durante un operativo de revisión en la escuela secundaria Abel Herrera Rodulfo, cuando un policía dio cachetadas a un joven, identificado como “el más tremendo”, que se negaba a abrir su mochila. Los compañeros del policía, lo separaron del joven y ya la Fiscalía General del estado anunció que se abrió carpeta de investigación para investigar los hechos de violencia que fueron denunciados por padres de familia, probablemente del joven agredido.
Esta noticia abre varias preguntas, empezando por saber si estos operativos denominados “Mochila Segura” son legales. ¿No concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado que son violatorios de los derechos de las y los estudiantes? ¿Por qué se siguen efectuando estos operativos?
Para tratar de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás personal en las escuelas, en varios estados empezó a funcionar este operativo de registro de las mochilas o bolsos de las y los estudiantes, para evitar que introdujeran armas que pudieran causar lesiones a otros.
En la Ciudad de México, este operativo se puso en marcha después de que en 2004 un estudiante, accidentalmente, disparara el arma de fuego que llevaba, dando muerte a una de sus compañeras. Sin embargo, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que es este programa vulneraba la intimidad y el principio de interés superior de la niñez, en agosto de 2019 se dejó de aplicar en la Ciudad de México.
Antes de la suspensión del programa, dos padres de familia, representando a sus hijos menores de edad, presentaron un amparo cuestionando la legalidad del programa "Mochila Segura", pero la juez de Distrito lo negó, con el argumento de que estas acciones se habían emitido con base en la obligación del Estado de proveer una educación de calidad a los menores.
Los padres (y madres) de familia interpusieron recurso de revisión que fue revisado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se revocó la decisión y se concedió el amparo.
¿Qué concluyó la Primera Sala? Pues que este programa es contrario a los derechos fundamentales a la legalidad y a la seguridad jurídica del artículo 16 de la Constitución General, por operar sin sustento legal alguno, y quedando sujeto al libre arbitrio de las autoridades educativas por la ausencia de reglas claras y formales que regulen la posibilidad y el contenido de los procedimientos que involucra.
Se trata de una tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 4 de febrero de 2022, en la que la mayoría de las y los ministros establecieron que aunque la decisión no implica desconocer la necesidad de que las distintas autoridades garanticen la seguridad de los estudiantes, es inaceptable la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometan los derechos de los educandos.
Interpretando lo anterior, si los pormenores del programa son establecidos en una ley que pueda ser sujeta a un escrutinio ulterior de constitucionalidad, los operativos de revisión de mochilas, probablemente podrían continuar.
¿Por qué en Coahuila se sigue efectuando el operativo Mochila Segura? ¿Existe una ley que le dé fundamento?
El 21 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial el Acuerdo Secretarial 002/2014, por el que se establecen los Lineamientos del Programa “Mochila Sana y Segura” en escuelas de educación básica, cuyo objetivo es “que los alumnos dentro de la mochila, no porten ni introduzcan a los planteles educativos, objetos punzocortantes, armas de fuego, drogas o sustancias tóxicas, aerosoles, plumones de tinta indeleble o cualquier objeto que sirva para grafitear, juguetes bélicos y revistas de cualquier índole, así como los que puedan ser utilizados para causar daño o que atenten contra la salud física o moral de los alumnos y aquellos que previo acuerdo con los padres de familia se cataloguen como prohibidos.”
En ese documento se crearon los Consejos Escolares de Participación Social, CEPS, y se estableció que es un programa preventivo, realizado en coordinación con las autoridades escolares y padres de familia, en que las primeras actúan como observadoras y los segundos autorizan y determinan el esquema de ejecución, según lo acordado con las autoridades escolares. El programa se realiza de manera aleatoria o en el momento que los padres de familia lo soliciten y acuerden con las autoridades escolares.
El 4 de agosto de 2020, en el mismo Periódico Oficial, se actualizaron las reglas del programa con la publicación de los Protocolos de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior del estado de Coahuila de Zaragoza.
Con fundamento en la “acción solidaria y participativa de todos los miembros de la comunidad, en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, con el fin de crear un conjunto de acciones como planes, programas para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población”, establecida en la Ley General de Protección Civil, el operativo funciona mediante la conformación en las escuelas de un Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, integrado por padres de familia, el director o directora de la escuela y docentes.
Este Comité debe diseñar el programa de “mostración” de las mochilas, conforme con el Protocolo, designando un lugar en donde se “muestren” (revisen) las mochilas. Según las reglas, en caso de encontrar artículos no permitidos, “no se debe tratar al alumno o alumna como infractor” y se canaliza a la Procuraduría de Niñas, Niños y Familia, si es menor de doce años, o al Ministerio Público si es mayor de esta edad.
Para que se puedan revisar las mochilas, los padres de familia deben haber firmado la Carta de Acuerdo para la participación en el Proyecto de Mochila Sana y Segura, en la que se comprometen a “revisar diariamente las mochilas de nuestros hijos, hijas y/o representado(a), para cerciorarnos de que no introduzcan objetos prohibidos a la escuela y me solidarizo con el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo de Participación Escolar, a realizar las actividades del Proyecto MOCHILA SANA Y SEGURA, con la finalidad de salvaguardar la integridad de nuestro hijo (a) y/o representado(a)”.
¿Pueden participar policías en estos operativos de “mostración” de mochilas? Ninguno de los dos documentos mencionados lo mencionan claramente, salvo por la referencia antes citada a la Ley general de protección Civil, y solo se refieren a la conformación de “brigadas de presentación de bolsos, mochilas y portafolios de personal docente y alumnado.”
Los documentos en que se fundamenta el operativo de revisión de mochilas en Coahuila, son del Poder Ejecutivo, no existe ninguna ley en que se fundamenten estas acciones y, al margen de las sanciones al policía que agredió al estudiante, si se presenta un amparo, lo más probable es que se conceda porque, pese a la existencia de los protocolos, se siguen vulnerando los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica de las y los estudiantes.
Es cierto, se necesita garantizar la seguridad física y emocional de las y los estudiantes, pero se debe hacer respetando sus derechos en todo momento.
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