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La Suprema Corte declaró inconstitucional disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y señaló omisiones legislativas del Congreso de la Unión

Al desahogar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversas disposiciones de la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de una porción normativa de la Ley y la existencia de diversas omisiones legislativas.

El Pleno declaró la invalidez de la porción normativa “epiletal” de la fracción VI del artículo 6, en el cual al regular la graduación del impacto del uso de la fuerza en las personas, se prevé la lesión grave mediante el uso de la fuerza epiletal.

La disposición señala “Lesión grave: utilizar la fuerza epiletal (porción normativa declarada inválida), permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor”.

El especialista en agentes químicos y municiones de impacto para restauración del orden, Daniel Gómez-Tagle, define la fuerza epiletal como el recurso inmediato anterior a la letal. Puede definirse como el nivel de fuerza que, por sus características técnicas permite garantizar, con cierto grado de certidumbre, la supervivencia y recuperación de su objetivo, generando daños físicos y/o toxicológicos temporales.

Por otra parte, la SCJN determinó que se actualizaron las omisiones legislativas relativas en competencia de ejercicio obligatorio por parte del Congreso de la Unión, consistentes en: a) la ley no prevé cuál es la finalidad que persigue la autoridad al hacer uso de la fuerza; y, b) en la falta de previsión de la sujeción del uso de la fuerza a los principios de racionalidad y oportunidad, ya que en la ley nada se establece respecto a estos principios.

El Congreso de la Unión deberá legislar sobre estos temas en el segundo período ordinario, que es el primero del próximo año.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ha sido objeto de muchas críticas, una de las principales que realiza Gómez-Tagle es que la legislación aborda el control de la fuerza pública en términos de la distinción entre armas “letales” y “no letales”, en lugar de referirse a la magnitud de la fuerza de esos dispositivos.

Para Gómez-Tagle “resulta problemático hablar de armas incapacitantes no letales, primero, porque un arma no tiene como objeto incapacitar no-letalmente. Por definición, un arma tiene el propósito general de atacar o defender, y su letalidad no depende de sus atributos particulares, sino del uso que se le dé. Segundo, porque no todas las opciones de fuerza epiletal, recurso inmediato anterior a la letal, tienen como propósito incapacitar a su objetivo: algunos tienen la disuasión como finalidad. En lugar de armas, tenemos que hablar de dispositivos, un mecanismo para producir una acción prevista. La diferencia es sustancial”.

No debe legislarse el uso de la fuerza dejando fuera el hecho que toda fuerza puede medirse, que una ley federal mandata su medición y que existen tan solo en México más de 200 opciones de fuerza epiletal disponibles en el mercado, y que entre estos, los destinados para intervención y brechaje, deben considerarse letales.

Esos dispositivos son los adecuados para barricadas, pero actualmente se usan de manera libre en cualquier escenario.

Tal vez ahora que el Congreso debe legislar en la materia, debería tener en cuenta las consideraciones  de los expertos, en beneficio de todos.

Más información scjn.gob.mx

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