Virus del COVID-19

 

Juzgado de distrito concedió una suspensión definitiva ordenando a la Secretaria de Salud vacunar a todos los menores entre 12 y 17 años.

Este podría ser una más de las suspensiones definitivas que han otorgado los juzgados de distrito para que se vacunen a menores de edad, con o sin comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), pero en este caso en particular, la juzgadora ha decidido ir más allá, estableciendo que los efectos de la suspensión definitiva concedida, no sólo incluyen a la menor quejosa, “…sino a todas las y los menores de dieciocho años…”

Al resolver el incidente de suspensión 908/2021-V, Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, en funciones de jueza de Distrito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, tiene en consideración el criterio que ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las sentencias tengan un mayor alcance cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo “pues la aceptación de dicho interés genera una obligación en el juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del quejoso”.

La sentencia explica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado necesario modular el principio de relatividad de las sentencias que establece que sólo se ocupen de los quejosos, para hacer prevalecer el contenido de las propias normas constitucionales y, en especial, de los derechos humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental.

Esa necesidad de reinterpretación surge porque suponer que las resoluciones de los juicios de amparo no pueden beneficiar a un tercero ajeno al juicio, provocaría que no se pudieran analizar las violaciones a derechos económicos, sociales y culturales que, por su naturaleza son colectivos o difusos.

Así, la juzgadora consideró que no existe un impedimento jurídico que le prohíba dotar de efectos generales a la suspensión concedida y, por el contrario, se encuentra justificada, “dado el tipo de derecho que se discute (salud), está reconocido para la colectividad sin distinción alguna, en lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, apuntalado con los tratados internacionales que el Estado Mexicano adoptó”.

Además, precisa que la resolución no se da ánimo con el ánimo de generar un desequilibrio en el funcionamiento de la Política de Vacunación del país, sino que buscar dar protección a ese sector de la población frente a la pandemia del Covid-19 que “evidentemente también afecta a los infantes”.

Por ello, concedió un término de 48 horas, contado a partir de que las autoridades estén debidamente notificadas, para que actualicen las políticas y lineamientos de vacunación “…dentro de la temporalidad que establece el punto cinco (5) de la logística de la estrategia de vacunación (julio de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós)…” a fin de vacunar a los menores con la vacuna Pfizer-BioTech, esto por ser la única que hasta el momento se ha autorizado para su aplicación de emergencia en niñas, niños y adolescentes por las autoridades sanitarias del país.

Las autoridades federales todavía pueden impugnar los efectos de esta suspensión definitiva ante un Tribunal Colegiado, que deberá determinar si procede de forma colectiva o individual.

Cabe destacar que Presidencia, la Secretaria de Salud y la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud no rindieron su informe previo, a pesar de estar legalmente notificados; por lo que se presume la certeza del acto que se les atribuye, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo.

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