Se propone incrementar el castigo a las personas que con fines de lucro u otro impidan el tránsito en vías de comunicación
Ante la creciente ola de bloqueos, se ha presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que destaca que las vías generales de comunicación son de vital importancia para el flujo comercial, traslado de mercancías y de movilidad de la población.
En la exposición de motivos se explica que de acuerdo con el Banco Mundial, las carreteras están entre los activos públicos más importantes en cualquier país; la construcción y mejora de vialidades conllevan de manera inmediata y, en algunas ocasiones, de forma dramática, beneficios a los usuarios, a través de más y mejores accesos a hospitales, escuelas y mercados, mejorando también la comodidad, la velocidad y la seguridad, con menores costos de operación vehicular; desafortunadamente, esta importancia estratégica ha hecho de nuestras vías de comunicación, un blanco de la delincuencia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, AC, durante el 2019 la “toma de casetas” y el llamado “boteo” originaron pérdidas sectoriales cercanas a 3 mil millones de pesos, además de los costos para los usuarios en sus personas y bienes y los costos logísticos y de operación en los que incurren transportistas.
Estás perdidas impactan al estado tanto en ingresos directos derivados de las propias casetas y los impuestos que se dejan de recibir por las pérdidas que tienen las empresas.
Asimismo, se afecta a las familias mexicanas que usan y transitan por las carretas. Un usuario que circula por una autopista “tomada” y no cuenta con recibo de peaje, no se encuentra al amparo de la póliza de aseguramiento, por lo que se encuentra prácticamente desprotegido y vulnerable mientras transite por ésta.
Pero también lo resiente en los bienes que consume ya que los costos del impacto que tiene el impedir que los miles de toneladas de productos que se transportan por las vías generales de comunicación no sean distribuidos en tiempo o se pierdan por ser perecederos, son pagados finalmente por el consumidor.
Por otra parte, en el presente año, se han registrado 105 bloqueos a la vía férrea, lo que representa un aumento de 119 por ciento respecto al 2019. Igualmente ha crecido el número de días que duran los bloqueos, de 5.3 días promedio en 2019 a 11.7 días promedio en el presente año. De acuerdo al Anuario Estadístico Ferroviario 2019, publicado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, “Este tipo de problemas representa una afectación seria a las cadenas de suministro y logísticas de las distintas industrias en el país, reflejándose en pérdidas económicas de importancia (en orden de millones o inclusive miles de millones de pesos al día)”
El documento destaca que tomando en cuenta las más de cinco mil denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público Federal por los distintos concesionarios, de las cuales ha resultado menos de una decena de sentencias condenatorias, la regulación de dicha conducta delictiva no ha sido suficiente para inhibir la comisión de estos hechos delictivos. En virtud de lo anterior, existe un alto nivel de reincidencia en la comisión de los delitos.
Por eso se propone modificar el artículo 533 para sancionar la interrupción total o parcial de la prestación del servicio u operación de las vías generales de comunicación, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas.
En el artículo 533 Bis se establece que de obtenerse un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte se sancionará con 6 meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes.
La iniciativa paso a comisiones para su análisis, discusión y dictaminación.
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