Escuela

 

La Primera Sala de la SCJN confirmó que cuando los niños son víctimas de abuso sexual dentro de sus escuelas, el Estado también es responsable para efectos de la reparación del daño

En el caso, el conserje, directora del plantel, asistente de servicio y mantenimiento, auxiliar de la dirección, así como dos prestadores de servicio social como profesores de educación física, de un jardín de niños fueron acusados en 2011 de haber abusado sexualmente de 22 niños entre 4 y 6 años de edad.

Cinco de ellos fueron encontrados penalmente responsables de delitos como violación equiparada, violación equiparada agravada, pederastia, corrupción de menores, encubrimiento.

Estas personas fueron sentenciadas a penas de prisión, destitución e inhabilitación, así como a la reparación del daño. Sin embargo, se estableció que el monto de la reparación se atendería una vez que se encontrara firme la ejecutoria.

La decisión fue apelada por los defensores particulares, los sentenciados y la coadyuvante de la Agente del Ministerio Público (representante de los menores ofendidos) y el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito modificó las penas impuestas.

Los padres de los menores promovieron un amparo en contra de esa sentencia ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismo que le fue concedido, para entre otros puntos, se analice y resuelvan los incidentes de reparación del daño exigible al Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, promovido por la parte ofendida.

En desacuerdo con la sentencia de amparo, los padres interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.

En su sentencia unánime, el alto tribunal establece que el Tribunal Colegiado debe analizar si procede o no pagar una reparación del daño ahora o hasta que se ejecuten las sentencias condenatorias los trabajadores del kínder.

“Esta Sala concluye que el tribunal colegiado pospuso la cuantificación del monto de la reparación sin considerar las implicaciones de este retraso en el interés superior del menor. Entonces, corresponde revocar la sentencia recurrida para que analice si, conforme a las directrices establecidas, en el caso procede postergar la cuantificación de la reparación hasta la ejecución de sentencia”, precisa el proyecto aprobado por unanimidad y elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La sentencia destaca la responsabilidad del Estado en este tipo de casos. “Los centros docentes tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores puedan cursar sus estudios libres de agresiones. El diseño institucional, las políticas de contratación, la supervisión y vigilancia de lo que ocurre en los centros escolares es algo legítimamente exigible al Estado. Por tanto, no se debe considerar exagerado hacerlos responsables por los daños que los menores sufran bajo su cuidado, pues dichos daños se podrán evitar si el centro escolar actúa diligentemente”, indica el fallo.

La sentencia ordena que el Tribunal Colegiado establezca qué medidas de reparación, además de la compensación económica, debe implementar el Estado mexicano al considerarlo como responsable de los hechos ocurridos a los menores en el plantel escolar.

“Esta Sala considera relevante destacar que las medidas de reparación que se llegaren a requerir por parte del Estado, deberán procurar un ambiente escolar que en la doctrina de esta Sala ha sido denominado como ‘entorno seguro’.

“Estas medidas concretas de protección deben servir para identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar los malos tratos que pueden sufrir un niño, niña o adolescente”, precisa.

Finalmente, en cuanto al derecho de las víctimas a presentar conclusiones acusatorias en términos similares a la acusación que formula el Ministerio Público en un proceso penal, no se concedió el amparo, ya que el máximo tribunal considera las conclusiones presentadas por las víctimas no puedan ser la base para determinar qué hechos deben ser juzgados ni bajo qué calificación jurídica deben ser analizados, puesto que se violarían los principios de igualdad procesal, imparcialidad y acusatorio.

“Asumir que las conclusiones de las víctimas deban ser analizadas en los mismos términos que las conclusiones del Ministerio Público podría generar un estado de incertidumbre e indefensión en el imputado… Además, la posibilidad de una doble acusación redundaría en una desigualdad procesal en perjuicio del imputado, pues se duplicarían sus cargas de alegación, prueba e impugnación” concluyó la SCJN.

Más información scjn.gob.mx

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