Asentamiento irregular

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota realizada a través del sistema de videoconferencia, al resolver un amparo en revisión decidió por unanimidad otorgar la protección de la justicia federal para forzar al INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a identificar las viviendas en asentamientos irregulares con base en ciertos estándares internacionales.

El amparo fue promovido por la asociación civil Un Techo para Mi País, que ahora es conocida sólo con el nombre Techo, organización no gubernamental fundada en Chile en 1997, que tiene presencia en 18 países de América Latina y Estados Unidos y opera en México desde 2006.

En su demanda inicial, promovida ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Techo señaló que "Resulta inaceptable que el INEGI no haya realizado un censo para determinar cuántas personas habitan en asentamientos informales en el país".

El INEGI argumentó que no tiene obligación legal de generar estos informes específicos, ya que la Ley de Asentamientos Humanos señala que la facultad de prevenir, controlar y remediar los asentamientos irregulares corresponde a los estados y municipios.

Agregó que, tanto en los censos de vivienda como en los conteos de población, se genera información sobre pobreza y condiciones de vivienda, y también existe el Inventario Nacional de Viviendas, de 2016, aunque no se trate de reportes específicamente sobre asentamientos irregulares.

Sin embargo, para la Corte el INEGI tiene la facultad legal exclusiva de suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

"Es necesaria la emisión de la información estadística en la forma desagregada o segmentada solicitada por la quejosa, relativa a los asentamientos irregulares o informales para que, con base en la misma, sea posible que las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, doten de los elementos necesarios para abatir esas condiciones, mediante la declaración de las zonas de atención prioritarias materia de la asignación presupuestaria respectiva", ordena el fallo.

Así, el alto tribunal concluyó que "Se concede el amparo para que el INEGI realice los censos y acciones necesarias a fin de recabar información desagregada solicitada por la quejosa sobre dichos asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza que define la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", dice la sentencia.

También se fijan lineamientos al INEGI sobre cómo deberán realizarse dichas mediciones, exigiendo la comparabilidad de los datos en el tiempo y el espacio, así como con información que se recaba en otros países.

Consideró además, que la ausencia de esa información es violatoria de los derechos humanos al impedir que se diseñen políticas públicas que abarquen a toda la población.

Techo manifestó su disposición para colaborar con el INEGI para que se dé cumplimiento a la sentencia. Para ello, propuso crear una mesa de diálogo y coordinación en la que participen representantes de la institución, así como otros actores académicos y de la sociedad civil que trabajan con asentamientos populares.

Imagen de alcaldesdemexico.com

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